Derechos Humanos denuncia carencias en cárceles y cuarteles y pide el fin de la represión a inmigrantes

Los 181 soldados fallecidos en 1990 -28 de ellos por suicidio- en el servicio militar, las condiciones "muy deficientes" de las cárceles, el aumento de las detenciones de extranjeros -36.863 frente a 32.496 en 1989- y el mantenimiento del ritmo de las expulsiones son datos del informe anual de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), presentado ayer. La APDHE recomienda al Gobierno, entre otras cosas, la mejora de la vida en prisiones y cuarteles, así como la promoción de una política europea no xenófoba ni represiva sobre extranjeros y el control judicial de las arbitrariedades policiales.

El informe de 1990 responsabiliza a la Administración de "la amenaza expansiva de las actitudes xenófobas", en particular contra los gitanos; del enfoque de los movimientos migratorios desde una perspectiva policial, no de derechos humanos, y del deterioro de éstos en las cárceles y los cuarteles. De un total de 13.130 objetores de conciencia al servicio militar en 1989, se pasó en 1990 a 27.000, mientras los insumisos pasaron de 650 a más de 1.100. El aumento del rechazo al servicio militar lo explica la APDHE a la vista de los datos que ofrece la Oficina del Defensor del Soldado. En 1990 se mantuvo la media de la anterior década, con 181 fallecidos durante el servicio militar. Aumentaron las tentativas de suicidio, que fueron 132 en el primer semestre.

En cuanto a los accidentes militares -el 62% causados por la utilización del fusil de asalto Cetme-, los seis primeros meses de 1990 se produjeron 556 de vehículos militares, con 156 heridos graves; 550 en tareas de servicio, con 596 heridos graves, y 142 en otras actividades, con 116 heridos graves. Asimismo, ciertos mandos confunden disciplina con arbitrariedad y abuso de poder. A pesar del miedo a denunciar, existe constancia de que en 1990 hubo malos tratos físicos, violación de la correspondencia, arrestos indebidos, coacciones y amenazas.

Ratas en las celdas

La APDHE resalta algunos problemas de las cárceles, aparte del hacinamiento general. En las celdas de aislamiento de Ocaña 2 (Toledo) falta luz y por los sumideros del inodoro entran ratas. En Nanclares de Oca (Álava), el gran número de internos con sida no recibe tratamiento especializado. En Basauri (Vizcaya) aumenta el tráfico y consumo de droga y el sida. En Sevilla 2 siguen desnudando a los familiares para el vis a vis, a pesar de que el juez de vigilancia se pronunció en contra. En Ceuta entran ratas por dos agujeros del patio, algunos internos salieron con sarna de las celdas de ingreso y la enfermería no funciona.El informe de la APDHE enfoca el capítulo dedicado a extranjeros desde una perspectiva europea, sobre la base de que en una población total de 320 millones de habitantes en los 12 países de la CE, 13 millones son emigrantes. Denuncia que, en ese ámbito, los dos órganos que elaboran políticas de inmigración y de refugiados son el grupo de Schengen y el grupo de Trevi; el primero para la libre circulación de mercancías y personas y el segundo para reforzar los controles personales en las fronteras exteriores de la CE. Este último se ocupa de "delincuentes, inmigrantes o refugiados, como una especie de totum revolutum", dice el informe, "que contempla el problema de la inmigración y de los extranjeros como un problema policial o de orden público" y "nunca como un problema de derechos humanos".

Extranjeros 'indeseables'

La situación concreta de los extranjeros en España ofrece el dato de "un brusco frenazo en 1990" en la cifra de residentes extranjeros, que tuvo la cuarta parte del aumento registrado en 1989. De 1988 a 1989 el número de extranjeros en España aumentó en más de 38.000, mientras que de 1989 a 1990 se incrementó sólo en algo más de 9.500. El número de expulsados, 4.733, fue similar al de 1989, y entre las causas de expulsión Interior siguió manteniendo el poco jurídico término de indeseables para 261 extranjeros, al margen de los 19 que fueron expulsados por delincuencia. El mayor número de expulsados, 1.785, fue de marroquíes. Continuó la escalada de detenciones, que pasó de 32.496, en 1989 a 36.863 en 1990.El informe ofrece datos de 1990 sobre el rechazo a los gitanos, tales como la prohibición de entrar en las discotecas del Ferrol, el desalojo de ocho familias gitanas en el barrio de Malilla (Valencia) y diversos actos violentos en San Adrián de Besós (Barcelona), extrarradio de Madrid y Castellón.

La actitud de rechazo a los gitanos en varios colegios viene a confirmar la investigación del antropólogo Tomás Calvo Buezas, que recoge la APDHE: El 24,7% de los alumnos y el 16,3% de los profesores creen que los gitanos no son españoles y el 11% de los alumnos y el 5% de los profesores son partidarios de expulsarles.