Solchaga admite que el pacto podría firmarse para un año, pero con el contenido del Gobierno

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, admitió ayer que podría firmar su pacto social de progreso para un solo año de vigencia aunque prorrogable, en lugar de tres, tal como propone el documento de¡ Ejecutivo. A lo que no estaría dispuesto, sin embargo, es a estampar su firma en "algo muy distinto de la propuesta inicial del Gobierno". Las negociaciones con vistas a esa eventual firma continuarán el lunes con la participación de las tres partes y con dos áreas de discusión: la política de rentas y las reformas estructurales. Gobierno, sindicatos y patronal aparcarán las cuestiones que acumulen mayores discrepancias. Tras cada reunión decidirán si continúan o no, en función del avance de la negociación.

"El Gobierno no establece mínimos ni prerrequisitos para la firma del pacto social de progreso y estará encantado de conocer las condiciones de las otras dos partes", aseguró ayer Carlos Solchaga tras la primera reunión a tres bandas, que se prolongó ayer durante cuatro horas en la sede de Ministerio de Hacienda. En el mismo foro, Solchaga añadió que el Ejecutivo no firmará "algo muy distinto de su propuesta inicial", aunque las otras dos partes estuvieran dispuestas a hacerlo.La estrategia de los sindicatos es idéntica. También afirman que no imponen condiciones previas. Nicolás Redondo aseguró incluso que "no hemos hecho de las reuniones tripartitas una cuestión de principios -como la patronal y el Gobierno- porque queremos afirmar nuestra voluntad negociadora". Y también, como Solchaga, están abiertos a firmar su propia propuesta y con sus propios métodos, mientras rechazan la del Ejecutivo. Según Antonio Gutiérrez, "hemos iniciado una negociación que el propio Gobierno sabe que es imposible". Como conclusión, Redondo profetizó que

si nos equivocamos [y se firma el pacto], empezaría a creer en los milagros".

El tercer partícipe en las negociaciones, la patronal CEOE, reiteró que su única limitación es que "discutan las tres partes" en un proceso "claro, transparente y limpio".

En aras de esa clariad, el vicepresidente de la CEOE, Arturo Gil, dijo que durante las cuatro horas largas que se dilató la reunión de ayer no hubo lugar para la discusión sino que cada parte expuso sus reivindicaciones básicas y, entre todos, acordaron continuar el lunes.Dos bloques

Solchaga coincidió en esta interpretación. "Cada parte ha detallado sus puntos de vista sobre lo que puede ser negociado en los dos grandes bloques que se someterán a debate: la política de rentas y las reformas estructurales", comentó.

El objetivo, a partir del lunes, es intentar acercar posiciones en cada una de esas áreas y "eliminar de la negociación los aspectos en los que las posiciones sean muy divergentes u opuestas". Solchaga no especificó ningún punto concreto que podría quedar fuera ya el lunes.

Nicolás Redondo, poco después, criticó que "el Gobierno no quiere ninguna norma legal para garantizar las desviaciones de la inflación [con la cláusula de revisión] ni ninguna ley sobre los beneficios empresariales". El matiz es que los sindicatos consideran que esta divergencia u oposición es un escollo que pone más que difícil la firma del pacto.

La dificultad es la única característica de las negociaciones compartida por todas las partes. Quizá para limarla, el ministro de Economía aceptó ayer -al responder a las preguntas de los periodistas- que el Gobierno podría aceptar que el pacto se firme sólo a un año, cuando la propuesta del Ejecutivo abarca el trienio de 1992 a 1994. "El Gobierno podría hacerlo pero si lo ha propuesto a más de un año es porque considera que es más fácil y tiene más posibilidades de éxito un acuerdo a tres años", afirmó.

Los sindicatos, a cambio, tendrían menos inconvenientes en la firma de un compromiso más breve pues permite controlar mejor el cumplimiento de los acuerdos por parte del resto de los firmantes y evitar "que ocurra como en el AES".