El Gobierno y las autonomías se reprochan el retraso en la gestión de las nuevas pensiones

La Ley de Pensiones No Contributivas, que entró en vigor en enero, cuenta ya con una lista de espera de más de 140.000 personas. De ellas, unas 80.000 son ancianos que solicitan cobrar por primera vez una pensión. El Ministerio de Trabajo asegura contar con los fondos para pagar todas las pensiones que se reconozcan, pero, hasta el momento, sólo se han concedido 1.234. La causa, se dice, son problemas de gestión que la Administración central achaca veladamente a las autonomías. Estas, a su vez, culpan al Inserso de crear "falsas expectativas" y de remitirles con retraso las solicitudes que han recogido.

El objetivo de la Ley de Pensiones No Contributivas es universalizar las prestaciones de la Seguridad Social al crear unas nuevas pensiones para las personas mayores de 65 años que nunca han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho los años suficientes. Esta norma, que afecta en total a 700.000 personas y cuesta 456.852 millones de pesetas, entró en vigor el pasado mes de enero.Se trata de una ley tremendamente cara y que ha tenido un proceso de elaboración muy prolongado, en opinión de Manuel Núñez, diputado del Partido Popular por León, quien explica que, por ejemplo, la ley estuvo dos años en el Parlamento cuando "se pudo haber aprobado en lectura única". Núñez, que fue ministro de Trabajo con la Unión de Centro Democrático, no puede evitar pensar que el recorte presupuestarlo planea sobre la ley.

La ley, a su paso por el Senado, tuvo 155 enmiendas, la última de las cuales, del senador socialista Barreiro Gil, establece que las 11 autonomías españolas que no tienen transferido el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) se ocupen de la tramitación de las solicitudes de estas nuevas prestaciones.

Héctor Maravall, representante de CC OO en el Consejo General del Inserso, señala que esta transferencia ha provocado que la lentitud en la tramitación "tenga difícil arreglo de inmediato".

Pero la puesta en marcha de la ley se encontró con otro obstáculo: las elecciones municipales. "En el mes de marzo [periodo electoral], los consejeros de las comunidades estaban pensando en otras cosas", señala Héctor Maravall. En Madrid, la pelea por polarizar el beneficio político de esta ley entre el Gobierno autónomo y el local apartó a los asistentes sociales de los ayuntamientos de la gestión, según fuentes de la comunidad.

Entregas con retraso

Además de las elecciones, muchas autonomías, unas con el Inserso transferido y otras afectadas por la enmienda 155, explican que gestionan lentamente porque el Inserso no les ha entregado a tiempo varios útiles de trabajo indispensables, como el soporte informático o las solicitudes oficiales. El resultado de todo esto es que en julio -la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández aseguró que en julio se empezarían a pagar- sólo se han pagado 1.244 de las más de 140.000 solicitadas. El resto espera desde hace meses una respuesta de las autonomías.

"Todo está manga por hombro", señala Mariano Alonso, de UGT y miembro también del Consejo del Inserso refiriéndose a la gestión de las pensiones. En Andalucía y en Galicia, la gestión de las pensiones se está realizando "a mano". Los ordenadores no funcionarán "a pleno rendimiento hasta septiembre", señala Claustre Massana, de la Junta de Andalucía. Javier Batán, director general de Servicios Sociales de la Xunta de Galicia, reconoce que los expedientes no se están resolviendo al ritmo deseable".

Pilar Martín, directora general de Servicios Sociales de Castilla y León, se queja del retraso con que el Inserso ha hecho toda la trasferencia, lo que "restará agilidad al cobro de las pensiones". El director general del Inserso, Ángel Rodríguez, señala que las demoras en Castilla y León "son esperables", y añade que, a su juicio, "hay otras dos [autonomías] que no van a pagar en los próximos meses", pero no ha precisado cuáles son.

Amparo Rodríguez, directora general en funciones de Servicios Sociales de Canarias, califica esta ley de "disparatada", y dice que necesita una "mínima negoclación previa" con el Inserso para ponerla en marcha. Negociación que, a su entender, no se ha producido.

Ante estas acusaciones Ángel Rodríguez contesta que, si en esta comunidad "no se consideran competentes, es su problema, pero que no trasladen responsabilidades a la Administración central", y señala que para la puesta en marcha de la ley realizaron tres reuniones con las autonomías.

Las solicitudes de Canarias están guardadas literalmente en cajones, a la espera de que se cree la infraestructura adecuada para cubrir tal servicio. El programa informático para tramitarlas llegó a las islas, desde Madrid, hace dos semanas, y los impresos lo hicieron tras entrar en vigor la ley, por lo que "improvisaron unos formularios artesanales", aseguran.