Una religiosa cuyo sufragio gestionó el PP niega haber autorizado a nadie para el voto por correo

La religiosa salmantina María Ángeles Lumbreras, de 21 años, postulante de la comunidad de San Vicente de Paúl, votó por correo desde Madrid sin enterarse. Fue suplantada presuntamente por María Asunción de la Peña, la misma persona que gestionó para el PP 2.885 de los más de 9.000 votos por correo que la Junta Electoral de Zona de Madrid denunció en el juzgado por supuestas irregularidades. Esta electora -cuya firma aparece legitimada por el notario Alberto Ballarín, y que, según un certificado médico, se encontraba inválida para votar ella misma- declaró ayer a EL PAÍS que nunca ha estado enferma, no envió el sufragio por correo y siempre tuvo consigo el carné de identidad. Hasta ayer ignoraba que había votado.

María de los Ángeles protagonizaba un extraño caso (aunque repetido en otras ocasiones), relatado con todos sus datos en la edición de ayer: un certificado médico la declaraba incapaz de desplazarse de su domicilio, y sin embargo hacía constar en la solicitud del voto por correo que las papeletas no se las enviasen a su casa, sino a la sede del PP.El caso ha resultado más extraño aún, puesto que esta electora no ha visitado a ningún médico en los últimos meses, no ha votado por correo ni tampoco en la urna, no conoce a la persona en quien supuestamente delegó el trámite, y nunca se ha desprendido de su carné de identidad. Así se lo comunicó a EL PMS en la noche del miércoles, una vez localizada -merced a la colaboración del corresponsal interino en Salamanca, Manuel Martín Bueno- en un centro asistencial de la provincia de Madrid donde ayuda a los pobres.

Pese a estos hechos, María de los Ángeles delegó el trámite en María Asunción de la Peña González, ordenó que se enviaran las papeletas a la sede del PP, prestó su documento para que lo legitimara el notario, y votó por correo con destino Salamanca. Así figura en la documentación que el servicio de Correos está obligado a guardar después de las elecciones, y que fue aportada al Juzgado número 3 de Salamanca, que investiga los hechos por la vía penal.

La solicitud del voto por correo recoge fielmente los datos personales de la electora: su fecha de nacimiento, su número de carné y su domicilio en Salamanca. En un documento anejo, el médico Fernando Vicente, colegiado en Madrid con el número 9669, certifica que María de los Ángeles "padece incapacidad que le impide desplazarse de su domicilio". Por ello, añade, "se le expide este documento para que pueda obtener el certificado de la inscripción en el censo, a efectos del voto por correspondencia".

La legitimación de la decisión de delegar el voto en otra persona corrió a cargo del notario Alberto Ballarín Marcial, según figura en los documentos. El notario dice en su fe pública: "Alberto Ballarín Marcial, notario de Madrid, doy fe: Que considero legítima la firma de doña María de los Ángeles Lumbreras Muñoz, por ser al parecer la misma que figura en su documento nacional de identidad, número 7954171, que me exhibe".

Sin embargo, la religiosa niega haberse desprendido de su carné, y mucho menos haber comparecido ante un notario para exhibírselo. Igualmente, negó que fuera suya la firma que figura en la supuesta autorización para que otra persona le tramitase el voto, y dijo que siempre se ha encontrado perfectamente de salud. María de los Ángeles insistió en que no sólo nunca firmó tal documento de delegación sino que además su rúbrica es mucho más complicada.

La postulante salmantina se mostró muy sorprendida por todos estos hechos, empezando por que apenas conocía la existencia de un supuesto fraude electoral; y sobre todo al verificar que todos los datos de la documentación entregada en correos coinciden con los suyos. Asimismo, dijo que no recordaba que nadie hubiese pasado por el convento para recoger los votos o los carnés de identidad de ella o de sus compañeras. "Yo creo que las demás tampoco han votado", concluyó.

La conexión

El caso de María de los Ángeles Lumbreras supone la conexión del supuesto fraude electoral en Madrid y Salamanca. Por un lado, la documentación de su voto por correspondencia forma parte del sumario en el que investiga activamente el Juzgado número 3 de la ciudad castellana, puesto que a esa localidad fue dirigido su voto; y por otro, la supuesta falsificación de todos esos documentos fue cometida en Madrid, con participación de personas vinculadas a la sede central del PP.

Aunque la presencia de un solo caso pueda parecer anecdótica, ya hace sospechar sobre la comisión de varios delitos, entre ellos la falsedad de documento público. A esto se une que la legitimación notarial de la firma -cuya autenticidad niega la interesada- muestra las mismas características que otras 4.381 donde la rúbrica del notario Alberto Ballarín parece falsificada.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio por válidos los resultados electorales pese a verificar irregularidades y determinar que su número -que no precisaba- no repercutiría en el reparto de concejales. Esta decisión se sustentó en que, al ser el voto secreto, no se puede determinar a qué partido se restan los tramitados irregularmente, por lo que no habrían de deducirse a un partido, sino proporcionalmente a todos. Tras esa sentencia, sigue abierta la vía penal en Madrid, Salamanca, Palencia, Guadalajara y otras provincias. En Madrid, se inició con la denuncia de la Junta Electoral de Zona sobre las irregularidades en la documentación del voto.

Peritos calígrafos

Por otro lado, los dos peritos calígrafos de los tribunales que fueron consultados por este periódico (véase EL PAÍS del domingo) tras aportarles la documentación del caso, y que verificaron la falsedad de varias firmas del notario Ballarín en votos tramitados por el PP, salieron ayer al paso de las informaciones y comentarios publicados en otros medios. Estos artículos desacreditaban su informe por haberse basado en fotocopias y no en los originales (que están custodiados por el juez) y por haber sido remunerado por este periódico.

Ambos peritos, en una carta dirigida a EL PAÍS, reconocieron ser, precisamente, habituales lectores de uno de esos otros periódicos, al que se refieren ahora en duros términos; y dicen que desean desmentirle que su trabajo fuera un servicio remunerado y afirmar que la prueba pericial "se hizo con ética y objetividad". "Los peritos no pasaron minuta ni han cobrado nada", añaden, "y la publicación entienden que ha sido correcta".

Los dos peritos agregan que están a disposición de los tribunales para cualquier aclaración.