El Defensor del Pueblo acusa al Ayuntamiento de incumplir sus obligaciones legales

Álvaro Gil-Robles, defensor del pueblo, ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama en el que afirma que este organismo "no cumplió cabalmente con sus deberes legales" al permitir "infracciones urbanísticas graves" en la urbanización Altos del Jarama.

El escrito se refiere a la actuación del alcalde, Pedro Antonio Mesa, representante municipal en la junta de compensación de la urbanización Altos del Jarama, cuyos vecinos vienen denunciando desde hace tiempo graves irregularidades en la gestión del proyecto de obras, que ronda los 900 millones de pesetas.Estas irregularidades cometidas por la junta de compensación, según el escrito del Defensor del Pueblo, y calificadas en el mismo como " Infracciones urbanísticas graves", debían haber sido sancionadas por el Ayuntamiento y no por la Comunidad de Madrid, que, en su momento, paralizó las obras por la dejación de competencias de la Administración local.

Mesa se limitó a manifestar que el Ayuntamiento no paralizó las obras "porque no las paró", y reconoció que estaba al corriente de que la junta de compensación había comenzado las obras sin licencia.

Más vigilancia

El informe del Defensor recuerda al Ayuntamiento que "no puede hacer dejación de sus competencias e inhibirse por completo para que sea la Comunidad la que intervenga", y le sugiere que "incremente sus atribuciones de vigilancia y tutela de la junta de compensación".El alcalde asegura que cumplirá la sugerencia de Gil Robles, aunque matizó que no puede "mantener un vigilante continuamente en las obras". Mesa afirmó también que ha intentado infructuosamente organizar una reunión entre los vecinos denunciantes y los miembros de la junta de compensación.

Los vecinos de la urbanización Altos del Jarama han mostrado su satisfacción por este informe, que "corrobora las denuncias presentadas y pone de manifiesto el pasotismo municipal", a la vez que anunciaron que existe una querella judicial para aclarar las posibles irregularidades económicas descubiertas.