España quedará en el grupo de cola de la unión europea si no hay pacto, según Economía

La economía española no podrá incorporarse al grupo de cabeza en la unión económica y monetaria de 1994 si no se alcanza un pacto de rentas -acuerdo sobre salarios- que acompañe a las políticas monetaria y fiscal, según las estimaciones del Ministerio de Economía. El problema que se plantea es que la tradicional combinación de altos tipos de interés y presupuesto restrictivo es insuficiente para lograr antes de 1994 el grado de convergencia necesario en inflación y déficit público y exterior para no quedar rezagados en la Europa de las dos velocidades. El presidente del Gobierno, Felipe González, defenderá mañana en el Parlamento la urgencia de un pacto para encarar con éxito el reto europeo.

Los responsables de la política económica reconocen que, a sólo tres años para que en 1994 se inicie la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM), ya es evidente que no todos, entre los Doce, podrán integrarse desde un primer momento en la UEM. A pesar de su oposición a la Europa de dos velocidades que han defendido los socios comunitarios más desarrollados, ven cada vez más inevitable que este será el esquema a seguir.Las dos velocidades se traducen en exigir convergencia antes de permitir la integración Esto significa que sólo los países que hayan logrado acercar sus tasas de inflación y sus déficits a los niveles de los países centrales del Sistema Monetario Europeo (SME), ahora encabezados por Alemania, podrán participar de las ventaja de la integración económica desde 1994.

De otra forma, las dos velocidades significan que los Doce se dividirán entre el grupo de países que se beneficie de la UEM y el grupo que pague por sus desequilibrios antes de tras pasar las puertas de la nueva Europa.

El problema es que, según los últimos análisis realizados por los técnicos de Economía, la combinación de altos tipos de interés y reiterados intentos de reducir el déficit público es claramente insuficiente para lograr ese objetivo en el reducido plazo que resta hasta 1994.Desde el campo de la política monetaria, poco o nada pueden subirse los tipos de interés con la disciplina que impone el SME. Y reducir la inflación únicamente con contención presupuestaria sólo es posible sobre el papel.

Ese papel dice -desde el punto de vista del Gobierno que para rebajar la inflación a los niveles de Alemania o Francia habría que reducir de forma considerable el gasto o elevar en tal medida los impuestos para que se sucedieran los superávits presupuestarlos de aquí a 1994. El objetivo de déficit cero sigue en pie pero no parece que se vaya a conseguir a corto plazo.

Tal política -además de impensable, pues supone olvidar compromisos como la mejora de las infraestructuras, o acontecimientos como la Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona- sería el mejor aliado para transformar el actual crecimiento económico en una recesión.

El pacto de competitividad pretende ser la solución, pero es una solución que exige la negociación con los sindicatos. La primera lanza a favor de un acercamiento para que tal negociación se lleve a cabo la romperá mañana el presidente del Gobierno, Felipe González, en el Parlamento. El anuncio de que ese acercamiento con sindicatos y empresarios puede producirse después de muchos anos sin reuniones tripartitas supone un respiro.

Un proyecto común

El repaso a la cumbre que pone fin a la presidencia luxemburguesa le servirá al presidente del Ejecutivo para recordar la importancia del reto europeo y para defender las bondades del pacto social de progreso propuesto por el Gobierno. En última instancia, el objetivo es forzar a que la corresponsabilidad acompañe a la política económica.Esa corresponsabilidad ya es moneda común tanto en el Gobierno como dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Los diputados del grupo parlamentario que se reunieron el jueves con una representación de la Unión General de Trabajadores (UGT) intentaron dejar claro que el pacto no es "un asunto de Solchaga", sino un proyecto en el que está involucrado todo el PSOE, desde el presidente del Gobierno hasta los sectores más críticos del partido.