Jueces progresistas instan al ciudadano a defender el interés social ante los tribunales
Jueces para la Democracia insta a los ciudadanos, en las conclusiones de su sexto congreso celebrado en Logroño, a que lleven a los tribunales los conflictos relacionados con los derechos a la salud, el empleo, la vivienda, la cultura, el medio ambiente y otros previstos en el capítulo de la Constitución dedicado a los principios rectores de la política social y económica.
La asociación de jueces progresistas considera que los ciudadanos deben plantear la defensa de sus derechos sociales a través del fiscal, el Defensor del Pueblo o la acción pública. Piensan que sólo así los llamados "intereses difusos" podrán ser debidamente protegidos. Las conclusiones del congreso recogen también la petición de un nuevo proceso y una actuación judicial reequilibradora de los consumidores y usuarios frente a los abusos de un mercado "puro y duro".Jueces para la Democracia propone también que tales intereses sociales sean protegidos por los jueces y tribunales. Para ello, pide que se encomiende al ministerio fiscal la promoción de acciones ante la Administración y los tribunales.
Asimismo, propone que el Defensor del Pueblo y las instituciones afines de las comunidades autónomas impugnen los actos administrativos que perjudiquen aquellos derechos, así como promover la actuación de los tribunales "frente a la inactividad de la Administración en resolver las denuncias que afecten a tales intereses".
Acción pública
Otra conclusión del congreso se pronuncia por la admisión de la acción pública [mediante la que cualquier persona o grupo puede demandar sin necesidad de ser el perjudicado directo] para exigir que se aplique la legalidad en defensa de esos bienes constitucionales, que son intereses "de difícil individualización" y "necesitados de una más amplia protección".La aplicación de estas conclusiones conduciría a que el fiscal, el Defensor del Pueblo o cualquier grupo de ciudadanos pudieran defenderse, por ejemplo, de una empresa que perjudica el medio ambiente o de determinada publicidad nociva para la salud. La asociación pide que los poderes públicos fomenten estas iniciativas y que, en su caso, los gastos de esta defensa judicial "sean sufragados por la Administración" siempre que el tribunal competente estime razonable la demanda.
En estos procesos, según otra de las conclusiones, "se resolverán los conflictos en los que se pretenda la reacción o la prestación frente a acciones u omisiones que afecten a la protección constitucional del medio ambiente, equilibrio ecológico, valores histórico-artísticos y culturales, urbanísticos, arqueológicos y paisajísticos, así como frente a los que conculquen las disposiciones en materia de defensa de consumidores y usuarios y las que regulan la publicidad".
Sobre la vivienda, la asociación dice que debe ser tratada jurídicamente como "un bien de uso con un marcado contenido social y no como un bien de cambio susceptible de especulación". Asimismo, denuncia la complicidad de las Administración, los notarios y los tribunales en favor de prácticas abusivas para el acceso a la propiedad de la vivienda y pide la derogación del llamado decreto Boyer sobre arrendamientos urbanos.
