La urgencia de un cambio

Considera la articulista que toda sombra de sospecha sobre irregularidades en el proceso electoral sindical repercute negativamente en el conjunto de la sociedad. Es necesaria la reforma de las normas electorales, de común acuerdo con las partes implicadas, para una racionalización del proceso.

Lo peor que le puede ocurrir a los sindicatos es pensar que el problema de las elecciones sindicales es sólo suyo y no afecta a la sociedad; pues bien, ese riesgo de desengancharse de la sociedad es el que los sindicatos españoles. corren cada vez que se convocan las elecciones sindicales. Realmente no es culpa suya, pero el riesgo comienza cuando surge la pregunta, ¿para qué valen las elecciones sindicales? Hace seis meses que finalizaron y aún se desconocen los resultados oficiales; es más, parece que hay un cierto estancamiento en el recuento de actas. Todo indica que este año será igual que en las ocasiones anteriores y que, en correspondencia, se puede llegar a formular la teoría de que las elecciones sindicales se caracterizan, sobre todo, por la sospecha de fraude.No es necesario recordar el clima de crispación de las últimas: se abrieron con el problema de los preavisos, continuaron con las mutuas acusaciones y descalificaciones, y se están alargando por la desconfianza respecto a los resultados. Es la trayectoria que se ha seguido desde 1982, irrespetuosa con los trabajadores y peligrosa para la credibilidad de los sindicatos. Convengamos que una permanente sombra de fraude no es el mejor soporte para construir una buena imagen de las centrales, si además se une la apariencia de chapuza que, a veces, ofrece este proceso electoral.

Para quienes creemos en el capital democrático que representan unos sindicatos fuertes, mantener la situación tal y como está ahora es condenar al mundo sindical español a una pérdida de prestigio que acabaría repercutiendo contra la propia sociedad. Ahora bien, una sociedad a la que se acusa con razón de invertebrada no puede permitirse el lujo de desaprovechar a los sindicatos como piezas clave para su vertebración. Una sociedad a la que se considera propensa a la inestabilidad debería reconocer por los hechos que los sindicatos constituyen uno de los pilares de la estabilidad democrática. Quiere decir que algo está fallando en el sistema.

Responsabilidad y decisión

A la sociedad le interesa una clarificación y la garantía de que no se va a repetir más lo que se ha convertido en un trauma democrático. Y es que las elecciones sindicales no son un mero trámite, sino una de las más efectivas fórmulas de la participación de los trabajadores en la vida pública. En primer lugar, porque la credencial de más representativo otorga a los sindicatos un puesto de responsabilidad y decisión en los distintos organismos públicos. El voto en las elecciones sindicales es un voto complejo por su proyección: ciertamente se vota a un delegado en una empresa, pero ese delegado es una cuota del poder sindical para ocupar un lugar en organismos públicos. A los ciudadanos les interesa saber, por tanto, quién ejerce el control en esos organismos...

En segundo lugar, los resultados electorales merecen la atención de los españoles porque la representatividad en organismos públicos se financia con el dinero de los contribuyentes, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado. No es necesario reconocer la importancia que tiene la transparencia en este proceso a la hora de evitar equívocos, sospechas o reticencias.

En tercer lugar, si se habla de pactos de competitividad, del reto de 1993, de estrategia frente al paro, de un tratamiento legal de la huelga que elude los flecos corporativistas, de la dignificación y eficacia de la formación profesional y de todos los problemas que afectan tanto a los trabajadores como a la modernidad del país, quiere decir que todo esto no se puede hacer desde una posición de debilidad. La credibilidad en unos sindicatos fuertes y verdaderamente representativos, es decir, libres de toda sospecha, representa, a mi juicio, un salto cualitativo en su integración en la sociedad.

¿Le interesa al Gobierno socialista llegar hasta el fondo? ¿Qué es lo más importante, conocer los resultados con cifras depuradas, aclarar las sospechas de fraude, o ir a la raíz del problema que, a mi juicio, se centra en una normativa inadecuada para un proceso electoral de la envergadura del español? Hay que acabar con las dudas a todos los niveles, pero nada se adelantará si no se ataca radicalmente el problema.

Cambio de las normas

Cuando una normativa es deficiente, por buena intención que hubiera al promulgarla, puede llevar al desastre sin querer; nadie -creo- buscó propiciar el fraude en el caso del PER (Plan de Empleo Rural), y ahí están las consecuencias. El cambio de las normas electorales es ya una reivindicación de las mismas centrales; tanto a éstas como a la opinión pública les repugna que -como en 1986- se conozcan en junio los resultados de unas elecciones celebradas el año anterior. Este absurdo no afecta a nivel de empresa, donde el reconocimiento de los resultados por parte del empresario normaliza automáticamente la situación; es en relación a la representatividad pública donde la norma actual pervierte el proceso. Si el mal se conoce por experiencia, ¿por qué no se corrige? No es comprensible la actitud del Ministerio de Trabajo. Si el Gobierno socialista no está atento al problema, bien porque no le interese, bien porque no se identifique con él, no le debe extrañar que algún sindicalista, por sentirse impotente o agredido, aporte soluciones incongruentes con la práctica sindical de nuestro país.

Un cambio en la normativa actual es urgente, pero, al mismo tiempo, ha de ser racional. Ambos requisitos exigen el consenso de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo para transmitir una confianza que supere las mutuas descalificaciones. De una mala normativa, cuyo único responsable es el Gobierno socialista, ha de pasarse a una norma consensuada que garantice la transparencia electoral y genere credibilidad en la sociedad. Para el bien de todos.

C. V. Talero es diputada del PP.