Pensiones tardías

EL GOBIERNO anunció a bombo y platillo la extensión del régimen de pensiones públicas de invalidez y jubilación a las personas que, por una u otra causa, no hubieran cotizado a la Seguridad Social o no lo hubieran hecho durante el tiempo suficiente. Pues bien, seis meses después de la esperanzadora aprobación de la correspondiente disposición -Ley de Prestaciones no Contributivas, de 20 de diciembre de 1990-, todavía no se ha concedido ni una sola de las pensiones anunciadas, ante el desánimo de los más de 150.000 posibles beneficiarlos de las mismas.El loable objetivo de esta ley -garantizar unos ingresos mínimos a quienes, ancianos o inválidos, no tienen acceso, por las causas que fueren, a las prestaciones sociales hoy vigentes, de acuerdo con lo que establece el artículo 41 de la Constitución- puede resultar en gran medida fallido si su cumplimiento se retrasa más de la cuenta. Si, como regla general, cualquier decisión administrativa debe ir acompañada de inmediato de los mecanismos para hacerla efectiva, con mayor razón cuando los afectados son personas sin recursos propios o de edad avanzada.

No es infrecuente que el entusiasmo y los medios puestos por la Administración en el momento de anunciar decisiones de indudable impacto social desaparezcan o reduzcan su intensidad cuando se trata de ejecutarlas. De ahí que surja la fundada sospecha de si las últimas motivaciones de quienes las adoptan no sean, antes que sociales, políticas y electoralistas.

Por ejemplo, hace más de un año se acordó una ayuda económica a quienes padecieron prisión -un mínimo de tres años de cárcel- como consecuencia de la guerra civil. En muchos casos, la Administración guarda todavía silencio, y los potenciales beneficiarios, personas de avanzada edad y muchas de ellas con dificultades de movimiento, se desesperan ante el bloqueo de los trámites administrativos.

En el caso de las pensiones no contributivas -objeto de una fuerte campaña informativa que costó 400 millones de pesetas-, su percepción por los posibles beneficiarios se enfrenta al muro de los trámites burocráticos, a problemas de competencias y de coordinación entre las administraciones públicas y, por lo que parece, también a diferencias surgidas entre los ministerios de Hacienda y de Trabajo sobre el ritmo de asignación de los correspondientes recursos presupuestarios. Ninguna de estas circunstancias justirica que una ley dirigida a un colectivo social necesitado de inmediata protección no sea efectiva desde el instante mismo en que entró en vigor.

En todo caso, el Gobierno debió prever tales dificultades y procurar resolverlas de antema no con el mismo interés al menos que el puesto en la alharaca propagandística de la decisión. No tiene excusa que la primera asignación presupuestaria de la ley acabe de adoptarse ahora, y mucho menos que a estas alturas, por motivos de encaje presupuestario, no se sepa si los fondos aprobados serán suficientes para financiar las nuevas pensiones -14 pagas de 26.000 pesetas cada una-, como estima Trabajo, o sólo a una pequeña parte, como estima Hacienda. Tampoco es admisible que problemas de coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas -la tramitación de las pensiones ha sido transferida a las autonomías- hagan más penosas las gestiones y prolonguen la demora en la percepción de las ayudas.

Las perspectivas no dejan de ser desorientadoras. Mientras la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, ha declarado que confía en que el 1 de julio comiencen a pagarse las primeras pensiones, los responsables de su tramitación en las autonomías confiesan que tardarán todavía varios meses en cumplimentarlas y en proceder a su concesión. Situaciones de este tipo hacen perceptible la falta de rigor con que a veces proceden las administraciones en el cumplimiento de sus compromisos y debilitan la conciencia cívica de los ciudadanos.