La comisión antidroga pide reducción de las penas en delitos cometidos por toxicómanos
"La comisión insta al Gobierno a ampliar, en el nuevo Código Penal, las posibilidades de remisión condicional de la pena de los toxicómanos que hayan sido condenados por delitos motivados por su toxicomanía". Esta es una de las conclusiones del informe que la Comisión Mixta para la Droga presentará mañana a la aprobación del Pleno del Congreso.
El trabajo de la comisión ha ocupado año y medio y han comparecido en sus sesiones los ministros de Educación, Asuntos Sociales, Justicia, Trabajo, Interior y Sanidad.Entre las medidas legislativas propuestas en el informe de la Comisión para controlar la oferta de estupefacientes, figura la tipificación como infracción administrativa del consumo público de drogas "con el fin de proteger a la sociedad de conductas que atentan contra la convivencia ciudadana". Esta conclusión goza del consenso de todos los grupos parlamentarios excepto del Partido Popular, que defenderá en el debate de esta tarde, una enmienda al informe que contemple el consumo público de drogas como falta tipificada en el Código Penal, y de Izquierda Unida, que presentará una enmienda de supresión de este punto.
En el ámbito penitenciario, las conclusiones que la Comisión parlamentaria eleva a las Cortes para su aprobación y su remisión al gobierno, incluyen la adopción de medidas para exigir el cumplimiento de las penas impuestas a los narcotraficantes en prisiones alejados en el espacio del lugar de residencia de los condenados o de la ciudad donde se produjo el delito que dio lugar a la condena.
A este respecto, el Grupo Parlamentario Popular defenderá en el Congreso y en el Senado una enmienda para introducir en el informe la exigencia, no contemplada en el documento, del cumplimiento íntegro de las penas para los narcotraficantes "tal y como se comprometió el ex ministro de Justicia, Enrique Múgica, en el pleno del Congreso del 18 de diciembre de 1990".
El informe estipula, así mismo, la armonización del derecho a la intimidad de los trabajadores con el interés público que "en algunos casos", pueda tener el conocimiento, por parte de los empresarios, de la hipotética condición de toxicómano de alguno de sus empleados.
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