El Grupo Parlamentario Socialista corregirá la ley de seguridad

El Grupo Parlamentario Socialista ha decidido enmendar el proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, remitido por el Gobierno a las Cortes, de modo que "se despejarán las dudas que se han suscitado sobre inseguridad jurídica y ambigüedad". Jueces y fiscales coinciden con la oposición parlamentaria en que las novedades de la llamada ley Corcuera rozan la inconstitucionalidad, mientras en lo demás se trata de una ley innecesaria.

El máximo rechazo hacia la futura ley se centra en la posibilidad de que la policía inste a los ciudadanos no identificados a permanecer en comisaría sin asistencia de abogado y en la entrada policial en un domicilio cuando se conozca que se está cometiendo un delito contra el narcotráfico.Además de la oposición parlamentaria al proyecto, el propio Grupo Parlamentario Socialista ha iniciado su estudio para presentar enmiendas. Los ponentes socialistas serán los diputados Álvaro Cuesta y José María Mohedano. Éste último declaró que "falta bastante camino por recorrer para que el proyecto de ley se convierta en ley" y que las enmiendas socialistas de supresión o modificación de algunos artículos, que discutirán los diputados del grupo, "despejarán las imprecisiones del texto actual".

En concreto, Mohedano señaló que, según la definitiva ley, "nadie podrá ser detenido, retenido ni multado por no llevar la documentación y sí lo podrán ser quienes se nieguen a identificarse y a dar su domicilio". En cuanto a la entrada policial en un domicilio sin mandamiento judicial "se restringirá, dada su excepcionalidad, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional, de modo que no bastará, como dice el proyecto de ley, que la policía tenga conocimiento de que se está cometiendo el delito de narcotráfico, sino que será necesario que además se esté lesionando de forma irreversible e inmediata un bien jurídico".

Mohedano negó que la ley sea innecesaria y reveló que en alguna ocasión un juez de instrucción ha tardado dos meses en conceder una orden de entrada y registro en un domicilio.

Agilizar el trámite

Mientras tanto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, tras la reunión de su dirección celebrada el pasado fin de semana en Barcelona, estimó 2muy negativo" el proyecto de ley y considera varios de sus artículos contrarios a los derechos y libertades protegidos por la Constitución. En opinión de la APM, la entrada sin orden judicial en los domicilios en que la policía sospeche que se trafica con drogas y la facultad policial de conducir a comisaría a las personas indocumentadas vulneran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Para el presidente de la APM, Ramón Rodríguez Arribas, si el motivo de la entrada en domicilio es la tardanza en la obtención del mandato judicial, bastaría con agilizar tal trámite y si el ciudadano no se identifica el policía podría acompañarle a su domicilio, pero no a la comisaría. José Manuel Maza, también de la APM, añadió: "Nos preocupa el talante que demuestra esta ley".

Antonio Gil Merino, portavoz de Jueces para la Democracia, asociación minoritaria y progresista, además de los dos preceptos más polémicos, criticó las redadas y controles que la futura ley posibilita. Asimismo, censuró la facultad policial de recabar de los particulares ayuda y colaboración, cuya "redacción ambigua parece indicar que el ciudadano tiene obligación de informar", dijo. Criticó tambiénla prevalencia que se concede a la versión policial en el procedimiento administrativo de sanción, "aunque el denunciado también ha visto lo que pasó".

La ley del 'sheriff'

El magistrado Perfecto Andrés Ibáñez declaró que "el mejor argumento contra el proyecto de ley lo dan sus defensores", ya que "no hay un solo caso de los que invocan en apoyo de su necesidad que no sea eficazmente perseguible con la ley actual". Andrés añadió: "Se busca algo muy simple, dar cobertura legal a lo que todavía la ley no permite: las intervenciones inmotivables, es decir no porque haya pasado nada, sino para ver qué pasa. Es la justicia del sheriff'.

Otro magistrado progresista, Jesús Fernández Entralgo, manifestó que "conforme se desconfía más del poder judicial, se desplaza sobre el aparato represivo la confianza, con lo cual se produce un choque con la Constitución". Tras recordar que delito flagrante "no es el que se conoce, sino el que se evidencia a la percepción sensorial de terceros", Fernández Entralgo se preguntó "¿por qué la urgencia se aplica al narcotráfico y no a delitos de actualidad como el económico o el de tráfico de influencias?".

Para Fernández Entralgo, "con la ley de Enjuiciamiento Criminal, la policía tiene suficientes medios, y todo lo que le quiere regalar ahora la nueva ley es inconstitucional". Respecto a las multas por consumo de drogas, consideró que "varios millones de pesetas es una sanción desorbitada y que, además, se convierte en simbólica, ya que no puede ser disuasoria para quien no la podrá pagar". En todo caso, señaló que "más escandaloso que una persona drogándose es una persona pobre, a pesar de lo cual no se toman medidas contra los responsables".

El fiscal Ladislao Roig, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, manifestó que los dos artículos más polémicos del proyecto de ley "rozan la constitucionalidad" y reprochó que "de una filosofía en la que priman los derechos fundamentales de los ciudadanos se pasa a otra en la que prima la eficacia policial". A título personal, Roig calificó de "ineficaces" las multas por consumo de droga, pues se aplicarán a personas sin medios económicos.