El plan de competitividad entra en el Parlamento

El Gobierno entregó ayer al Parlamento el texto del pacto social de progreso. El Ejecutivo se apoya en las resoluciones de la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas, que le instaban a tomar medidas para afrontar el reto del mercado único de 1993. En la introducción se defiende que "la puesta en práctica de una política económica ortodoxa y la realización de reformas estructurales que fomenten la competencia siempre han permitido un diferencial de crecimiento positivo en España respecto a la CE". Según el Gobierno, "para crecer más que la media comunitaria, España necesita controlar su tasa de inflación". Afirma que "alcanzar una tasa de inflación similar a la de los países de nuestro entorno es una condición previa para mantener un ritmo de crecimiento que aproveche todos los recursos productivos existentes y acabe por conducimos al nivel de renta per cápita medio de la Comunidad". Estas consideraciones están presentes en todo el documento para justificar la necesidad de alcanzar el pacto social de progreso. El documento consta de una introducción y cuatro capítulos. A continuación se reproducen los dos últimos, en donde se presentan las propuestas básicas: Las opciones de convergencia económica y Los elementos del pacto social de progreso.

Las opciones de convergencia económicaComo ya se ha descrito anteriormente, el balance de nuestra integración en la CE puede considerarse francamente positivo, aunque es verdad que en los dos últimos años el fuerte crecimiento de la demanda doméstica ha generado la reaparición de tensiones inflacionistas y el agravamiento de nuestro déficit por cuenta comente. Estos desequilibrios macroeconómicos han constituido tradicionalmente los dos estrangulamientos básicos de nuestros procesos de expansión económica y, secularmente, han hecho inevitable la adopción de las medidas estabilizadoras drásticas que jalonan nuestra historia económica.

Este contexto macroeconómico no es, ciertamente, el más favorable para encarar los retos que la economía española tendrá que afrontar tras la culminación del mercado único europeo en 1992. Evitar una recesión inducida por el comportamiento de los agentes económicos privados o públicos, sin descartar el posible impacto que pudiese tener un súbito empeoramiento de las actuales perspectivas internacionales, debe ser la prioridad básica de nuestra política económica, ya que participar en la Europa de la unión económica y monetaria exige unos equilibrios macroeconómicos y una profundización de las reformas estructurales que sería dificil que se diesen en una economía con bajo crecimiento.

Es evidente que hacer más restrictiva la política económica de control de la demanda interna plantearía problemas y dificultades de tipo tanto económico como político.

La pertenencia de la peseta al acuerdo cambiario del Sistema Monetario Europeo (SME) impone estrictos límites al manejo de los tipos de interés en un contexto de libertad prácticamente total de movimientos de capitales. Una política monetaria más restrictiva produciría una inmediata atracción de capitales que apreciarían el tipo de cambio de la peseta, dificultando la competitividad de nuestras ventas en el exterior y facilitando el acceso de los bienes y servicios extranjeros a los mercados nacionales.

Por su parte, una política fiscal restrictiva tendría que descansar en un aumento de la presión fiscal o en una reducción del gasto público o en una combinación de ambas medidas. En la situación actual, el mantenimiento del objetivo de crecimiento sostenido no haría aconsejable que los incrementos de recaudación tuviesen que provenir necesariamente de aumentos de los tipos impositivos, aunque sí de la ampliación de las bases imponibles inducida por un mayor número de contribuyentes y por el propio crecimiento económico. Por otro lado, no parece factible progresar en el avance de bienestar social de España reduciendo el gasto público en programas sociales destinados a la redistribución de la riqueza.

Tapoco sería imposible alcanzar una tasa de crecimiento económico adecuado si desde el sector público no se mantienen y aun incrementan los programas de inversión en infraestructuras. Dichas inversiones constituyen la garantía de que las empresas españolas -y también los ciudadanos de nuestro país- van a poder contar en un plazo de tiempo no muy largo con las mismas ventajas para competir con las empresas de otros países miembros. Al mismo tiempo, garantizan, por su complementariedad con la inversión privada, que España estará en una situación igualmente competitiva a la hora de atraer inversiones productivas extranjeras que suplementen el ahorro nacional necesario para incrementar el stock de capital productivo y aumentar así significativamente el volumen de empleo, lo que constituye el primer objetivo de la política económica y de cualquier oferta social de progreso.

Por ello, frente a una opción puramente defensiva de control de los desequilibrios macroeconómicos básicos mediante el manejo de las tradicionales políticas de demanda, el Gobierno, consciente de las enormes oportunidades que el proceso de integración económica y monetaria europea puede deparar a nuestro país, propone a las Cortes Españolas una orientación de la política económica que permita maximizar el crecimiento de la producción y el empleo, al tiempo que se rebaja la inflación y se mejora la capacidad de competir de nuestro sistema productivo.

Esta opción de política económica consistiría en potenciar, mediante un amplio consenso social, los efectos complementarios de las políticas de oferta, de demanda y de rentas, a fin de recuperar una senda de crecimiento económico estable y sostenida. Aunque los elementos de este pacto se concretan en la siguiente sección, parece conveniente señalar que esta ruta sería un instrumento antiinflacionario eficiente y beneficioso en términos de distribución de la renta. Una desaceleración en el crecimiento del salario nominal que no implicase pérdidas, sino ganancias en el poder de compra de los trabajadores, pero que fijase un nivel de salario real consistente con el aumento de la productividad de nuestra economía, permitiría reducir la tasa de inflación, seguir creando empleo, recuperar competitividad externa y alejaría el peligro de tener que introducir recortes sustanciales en los programas prioritarios de gasto público. En definitiva, el Pacto Social de Progreso permitiría que los procesos de consolidación fiscal y la instrumentación de la política monetaria se acomodasen mejor a las necesidades de crecimiento estable y de creación de empleo que este país tiene ante la Europa de 1993.

Las mejoras en el patrón de distribución de la renta que permitiría el consenso sobre el reparto de los aumentos de productividad provendrían al menos de tres vías:

-a) La plena garantía de que el poder de compra de los trabajadores ya empleados no se vería mermado, sino que aumentaría de una forma continuada. Esta mejora significaría no sólo una continuada ganancia del poder de compra, sino también una mejor distribución de estos crecimientos de los salarios reales entre los diferentes colectivos.

-b) La mayor creación de empleo que se produciría en relación a la alternativa de utilización de las políticas de demanda.

-c) El sostenimiento de los programas prioritarios de gasto público de marcado carácter redistributivo.

En definitiva, retornar a esquemas de concertación social que preserven el potencial de crecimiento de la economía y contribuyan a una redistribución de la renta tanto en favor de los ya empleados como de aquellos que desean acceder al mercado de trabajo parece ser una prioridad insoslayable de la política económica española.

Los elementos del pacto social de progreso

1. Crecimiento y política de rentas

Puesto que el agravamiento de nuestros desequilibrios macroeconómicos siempre ha tenido su origen en un crecimiento excesivo del gasto nominal, resulta imprescindible que la política económica mantenga como objetivo la desaceleración del crecimiento nominal del producto interior bruto (PIB). Ahora bien, una política económica que se diseñe para controlar la tasa de aumento del PIB nominal no asegura que se pueda influir en el reparto entre crecimiento real e inflación. Esta distribución es el resultado del comportamiento de los agentes económicos, quienes, con sus decisiones sobre consumo, ahorro, inversión, precios y salarios, determinan las características de la senda de evolución de la economía.

Esta incapacidad de la política económica para influir la división del PIB nominal entre inflación y crecimiento real se ve corregida si existe un acuerdo institucionalizado entre los agentes económicos que permita que los crecimientos de los salarios nominales y de los costes laborales unitarios se ajusten a la evolución que estas variables experimentan en los países con los que competimos. Si fuese posible alcanzar este tipo de acuerdo, también sería posible preservar una tasa de crecimiento real de nuestra economía superior a los aumentos del PIB de nuestros socios comunitarios.

Dada la estrecha conexión entre inflación y costes laborales unitarios (CLU), un país preocupado por el crecimiento y el empleo debe evitar que el crecimiento de sus CLU exceda al que registran sus socios comerciales, so pena de perder compettitividad y, consiguientemente, cuotas de mercado domésticas e internacionales.

Las combinaciones posibles para alcanzar este objetivo son múltiples. Por ejemplo, es posible generar ganancias sustanciales de productividad-como ya ocurrió en la economía española entre 1976 y 1981- reduciendo el nivel de empleo, aunque si no se modera el crecimiento de los salarios, el aumento de los costes laborales unitarios puede continuar siendo incompatible con la estabilidad y el crecimiento. También es posible aumentar la productividad del sistema creando unas condiciones de rentabilidad de la inversión que favorezcan una mayor eficiencia en el uso de los recursos y hagan aumentar el potencial de crecimiento de la economía. Finalmente, también se puede moderar la evolución de los CLU en periodos de elevado crecimiento y creación de empleo -como, por ejemplo, ocurrió en 1987 y 1988- si se desacelera el crecimiento de los salarios nominales. No parece que puedan existir muchas dudas acerca de cuál sería en España, un país con una tasa de paro por encima del 15% y con una de las tasas de participación más bajas de la Comunidad, el camino más deseable.

Ahora bien, una propuesta de estas características no sería razonable si no contenmplara al mismo tiempo otros dos aspectos: la garantía de que la moderación del crecimiento de los salarios nominales es compatible con el aumento en el poder de compra de los salarios y la seguridad de que los beneficios empresariales también contribuyen, vía fortalecimiento del ahorro empresarial, a la mejora de la competitividad de nuestras empresas.

Por ello, el Gobierno propondrá a los interlocutores sociales un pacto para los próximos tres años, 1992-94, que contemple una fijación de incrementos de salarios que, en el curso del periodo, se vaya aproximando a los que se produzcan en los países más estables de la Comunidad Económica Europea, con un compromiso de inflación anual siempre inferior al que se fije para el aumento de los salarios nominales y garantizando el aumento del poder de compra de los salarios en función del incremento de la productividad del sistema. Al mismo tiempo, se propondrá que los beneficios distribuidos por las empresas crezcan al mismo ritmo que los salarios nominales y que destinen el resto de los beneficios a la constitución de reservas para la inversión. Más adelante, al hablar del ahorro y la inversión tanto en capital físico como en capital humano se consideran los posibles estímulos fiscales a determinadas inversiones con cargo a los beneficios no distribuidos.

Para reforzar la credibilidad del pacto, éste contendrá una cláusula universal de revisión que se activará automáticamente si, una vez que se conozcan los datos macroeconómicos oficiales, se hubiesen producido desviaciones en los objetivos pactados. De esta forma, siempre se garantizaría que, en contraprestación a la moderación del salario nominal, los asalariados verían aumentar el volumen de empleo y su poder adquisitivo.

El Gobierno considera que esta propuesta, que afecta a la formación de las rentas de la economía y que no perjudica a nadie, puede ser acogida favorablemente tanto por la opinión pública española como por los interlocutores sociales -sindicatos y confederaciones empresariales-, pues unos y otros mantienen un elevado grado de convergencia con los objetivos que se proponen para la economía del país. Asimismo, es presumible que todas las fuerzas políticas del arco parlamentario puedan igualmente compartir el objetivo de alcanzar el máximo crecimiento de la producción y del empleo consistente con una baja tasa de inflación que garantice la competitividad de nuestro sistema productivo en el marco de la integración económica y monetaria de la Comunidad Económica Europea.

2. Inflación y competitividad

El Gobierno, sin embargo, es consciente de que la complejidad del problema de la inflación aconseja que no se confie en exclusiva la resolución del mismo a una prudente política de control de la demanda acompañada por una política de rentas como la que se configura en la propuesta anterior, ya que su eliminación definitiva precisa de reformas estructurales en muchos mercados que será preciso poner en marcha de manera inmediata.

Tampoco sería razonable, por otra parte, reducir el problema de la competitividad de la economía española a una cuestión de evolución relativa de los costes laborales unitarios a pesar de la importancia de los mismos en el corto plazo. Es evidente que por las características de nuestros factores de producción -capital y trabajo- y la combinación de los mismos a través de la organizacion empresarial, la dotación de infraestructuras y la prestación de servicios públicos son, en el medio plazo, factores también claves en el desarrollo de la productividad del sistema y en la mejora de la competitividad. La educación de nuestra población, la formación profesional, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, la internacionalización de nuestras empresas y la creación de infraestructuras son ejes por los que también debe pasar el desarrollo de nuestra capacidad de competir.

Por ello, la propuesta de progreso que el Gobierno hace no se limita al pacto sobre política de rentas, sino que incide igualmente en un conjunto de reformas estructurales que posibiliten la lucha contra la inflación y el avance en la competitividad de nuestras economías. Tales reformas estructurales, que se detallan a continuación, son igualmente objeto de pacto tripartito -junto con las medidas tendentes a moderar el reparto de beneficios y el crecimiento monetario de los salarios-, aunque, en todo caso, y siempre dentro de los márgenes presupuestarlos, el Gobierno se compromete a introducirlas tal y como nos exigen las resoluciones aprobadas por las Cámaras a partir de] informe de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas.

a) La lucha contra la inflación

La disciplina impuesta por la competencia internacional y el conjunto de cláusulas de salvaguardia hace razonable esperar que los agentes fijadores de precios y salarios que operan en el sector de bienes exportables y de bienes que compiten con las importaciones adaptarán su comportamiento y propiciarán la desinflación. No obstante, en base a la experiencia, es legítimo albergar dudas sobre la posibilidad de que este comportamiento se reproduzca en aquellos sectores que, por su propia naturaleza, operan relativamente al margen de la competencia internacional o que como consecuencia de mecanismos protectores ven menguados los efectos de aquélla.

A lo largo de los últimos cuatro años los precios de los servicios han crecido aproximadamente el doble de lo que lo hacían los precios de las manufacturas, convirtiéndose así en el grupo que más ha contribuido al crecimiento de los precios de nuestro país y donde radican los elementos de mayor resistencia a la desaceleración del Índice General de Precios al Consumo y de la inflación subyacente. Este espectacular crecimiento se concentra en unos pocos renglones, entre los que destacan los seguros médicos y del automóvil, los transportes urbanos e interurbanos, la enseñanza, los restaurantes, cafeterías y bares, y la reparación y conservación de viviendas.

Es evidente que todos estos sectores desarrollan actividades donde el peso directo e indirecto del coste del factor trabajo es esencial y que, en este sentido, un pacto de rentas como el anteriormente propuesto podría hacer mucho por reducir su tendencia inflacionista. Pero es igualmente cierto que la ausencia en los mismos de competencia extranjera apreciable puede permitir que los aumentos de demanda que se registren se reflejen en subidas continuadas de precios. Si esto fuera así, el esfuerzo que representa el pacto en los demás sectores de la economía podría verse parcialmente frustrado por la erosión del poder de compra de los salarios producidos por las alzas en el coste de la vida generadas por todos estos servicios.

En estos sectores, la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales es imperiosa. Si desconfiáramos del efecto inmediato de estas medidas y continuásemos permitiendo que la falta de competencia abierta incentive a estos sectores a transmitir a precios todo el aumento que acomoden los incrementos de la demanda doméstica, sería imprescindible tomar medidas adicionales que evitasen que la estructura de precios relativos del país reasignase recursos hacia el sector no sujeto a la competencia externa a costa de los sectores de exportación y de aquellas empresas que libremente compiten con las importaciones. Seguimientos sectoriales de la evolución de sus precios, de su creación de empleo, de la inversión realizada y de sus costes salariales y niveles de endeudamiento podrían permitir elaborar propuestas de actuaciones específicas consensuadas con los agentes económicos y sociales.

Estas actuaciones específicas afectan desde la elaboración de la Ley de Producción de Seguros hasta las medidas destinadas a contener los costes de la enseñanza y de los libros de texto, pasando por la corresponsabilización de las administraciones públicas en ayuntamientos y comunidades autónomas en materia de desaceleración de los costes de transporte público urbano e interurbano, así como la preparación adecuada de la mano de obra en sectores como la reparación de automóviles o la hostelería, o la intervención del Tribunal de Defensa de la Competencia, con nuevas atribuciones, en aquellos aspectos de las actividades económicas que transgredan las reglas normales de funcionamiento de un mercado competitivo.

b) La mejora de la competitividad

Además de la evolución de los costes del factor trabajo y de los márgenes de beneficio empresarial hay otros muchos factores importantes a la hora de explicar la capacidad de competir de una economía y de las empresas que la componen.

El Gobierno considera que los más relevantes podrían girar, por un lado, en torno a las mejoras en la productividad del trabajo y las consiguientes reformas en los mecanismos de oferta y demanda de empleo, y por otro, en la mejora de la rentabilidad del capital, tanto público como privado, así como por el crecimiento del ahorro y de la inversión.

El primer grupo de actuaciones consensuadas entre los agentes sociales y el Gobierno debería consistir en la puesta en marcha del proceso de revisión de cuatro grandes áreas del mercado de trabajo: los mecanismos de contratación, las ordenanzas laborales vigentes, los sistemas de protección ante el desempleo y la formación profesional.

Respecto a la revisión de las formas de contratación, cabe subrayar que, aunque continúa siendo críticamente importante el mantenimiento de un nivel adecuado de flexibilidad de nuestro mercado de trabajo, la proliferación de modalidades de contratación y la posible desvirtuación de los fines inicialmente perseguidos en algunas de ellas parecen hacer aconsejable, por puras razones de eficiencia, una cierta simplificación del actual sistema. Los estudios realizados por la comisión de expertos permiten acotar con nitídez las líneas que tendrían que servir como base de dichas reformas.

Por otra parte, resulta imprescindible la sustitución de las actualmente vigentes ordenanzas laborales -gran parte de las cuales fueron diseñadas en un contexto económico y político radicalmente distinto del actual- por una regulación que se acomode mejor a nuestra situación presente y futura. Dado que el ritmo al que se lleve a cabo el proceso de revisión depende exclusivamente de la voluntad de los agentes sociales, podría resultar adecuado, para acelerar las negociaciones, que el Gobierno fijase una fecha límite para la vigencia de la actual legislación.

Finalmente, la revisión de la filosofia y efectos de nuestros sistemas de protección ante el desempleo -tanto pasivos (subsidio) como activos (formación profesional)- deben constituir un elemento imprescindible si se desea mejorar el acoplamiento entre la oferta y la demanda de trabajo.

Como orientación básica e irrenunciable, el objetivo debe ser el reforzamiento de las medidas de formación profesional y la paralela adopción de mecanismos estrictos de control en la percepción de los subsidios de desempleo.Respecto a la formación profesional, las líneas ensayadas por otros países europeos pueden ser valiosas referencias. En concreto, la. descentralización del diseño e instrumentación de los programas, a fin de acoplar la oferta a las demandas de las empresas de la zona. En paralelo, es altamente aconsejable que la percepción del subsidio de desempleo se ligue irrevocablemente a la participación en alguno de dichos cursos de formación profesional y que se limiten las amplias posibilidades hoy existentes de renuncia a ofertas de trabajo. Evidentemente, el encarar estas reformas lleva aparejada una adaptación del Instituto Nacional de Empleo.

La insistencia en la mejora de la formación profesional no es una preocupación gratuita. Una buena parte de nuestras posibilidades de crecimiento futuro están ligadas al éxito o al fracaso del objetivo de aumentar la calidad de nuestras existencias de capital físico y humano, un reto que exige un adecuado nivel de inversión en educación, en capacitación profesional, en innovación y desarrollo tecnológico y en activos reales. La financiación, tanto pública como privada, de este enorme esfuerzo debe ajustarse a las posibilidades que nuestra economía tiene como resultado de nuestra tasa de ahorro doméstico y de nuestro acceso al ahorro externo, resultando, por tanto, inevitable el establecímiento de prioridades cuidadosamente establecidas.

A su vez, consideraciones de desarrollo y productividad a plazo más largo aconsejan una mejor conexión del sistema de formación profesional ocupacional -en el que el protagonismo de empresas y sindicatos debe ser realizado- y del sistema de formación profesional reglada en el marco previsto en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). El Gobierno se compromete a articular una mayor coordinación entre los ministerios de Educación y Trabajo para aprovechar las oportunidades que se abren dentro del marco normativo anteriormente referido, consciente de que ello supondrá un gran impulso para la mejora de la cualificación de nuestros recursos humanos y, subsecuentemente, de la productividad del sistema y de nuestra capacidad competitiva.

En una economía de mercado, la forma más eficiente de asegurar que el sector privado acometa los proyectos de inversión considerados como prioritarios es, sin duda, a través del sistema de precios relativos. Por ello, el Gobierno estaría dispuesto a considerar la instrumentación de un régimen fiscal transitorio que durante el periodo de vigencia del pacto -1992-1994- supusiera un tratamiento favorable a la constitución de fondos empresariales dedicados a la financiación de la formación profesional y de los programas de investigaclón y desarrollo. Los beneficios destinados a la financiación de estas actividades -auténticos fondos de inversión en capital humano y tecnológico- podrían gozar de la consideración de gastos fiscales deducibles en el impuesto de sociedades.

Adicionalmente, la contribución empresarial a la formación profesional podría ser utilizada de forma que se ajustara al efectivo cumplimiento de la norma salarial pactada. En concreto, ante una evolución de los CLU mejor que la prevista, podría contemplarse la posibilidad de un aumento adicional de las aportaciones empresariales al fondo de formación; por el contrario, si los CLU registrasen un aumento por encima de la norma pactada, las contribuciones empresariales a la formación profesional podrían reducirse automáticamente.

Como anteriormente se señalaba, preservar el potencial de crecimiento de nuestra economía exige adecuar la intensidad del proceso inversor a los recursos que fija nuestro nivel de ahorro, tanto privado como público, y nuestra captación de ahorro externo. Aunque resulta razonable pensar que nuestra economía puede seguir incurriendo en déficit corrientes moderados en los años venideros, mantener un nivel de ahorro doméstico es un objetivo crucial.

El ahorro interno privado proviene de las familias y las empresas. Por lo que se refiere a las primeras, la reciente reforma del IRPE con el tratamiento más favorable a las ganancias de capital, así como las diversas medidas destinadas a fomentar el ahorro de las clases más modestas (planes de ahorro popular, ayudas a la Financiación de la vivienda y a los fondos de pensiones, mínimo exento en las rentas de capital), debe suponer un estímulo significativo al incremento del ahorro privado. Por lo que hace referencia a las segundas, el propio pacto social de progreso, al limitar la distribución de beneficios, voluntariamente acordada, y estimular fiscalmente la constitución de fondos de inversión en capital humano y tecnológico, debe permitir un considerable aumento del ahorro empresanal. Asimismo se puede considerar un tratamiento fiscal favorable para las inversiones destinadas a la promoción de las exportaciones mediante la creación de redes cornerciales en el extranjero.

El ahorro privado debe verse complementado por el ahorro público, lo que obviamente exige una adecuación de los gastos corrientes a los recursos realmente disponibles.

Este objetivo no tiene necesariamente que entrar en conflicto con la consolidación de nuestro Estado de bienestar, aunque posiblemente sí que conlleva la necesidad de evaluar con precisión cuáles son los mecanismos económicamente más eficientes para asegurar el cumplimiento de los Fines redistributivos y equitativos que persiguen los programas del Estado de bienestar. Quizá haya llegado el momento de sacrificar la permanencia de instrumentos que han demostrado su ineficacia y, adaptándose a las realidades de la nueva sociedad española, diseñar los nuevos mecanismos que han de garantizar los niveles de prestaciones sociales y de provisión de bienes de mérito que demanda nuestra sociedad.

En este sentido, resulta imprescindible recordar que la con-

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solidación del equilibrio presupuestario de las administraciones públicas y la reducción de su nivel de endeudamiento es parte no sólo de nuestros compromisos con la Comunidad Europea, sino también uno de los mecanismos más eficaces para propiciar la reducción del actual servicio de la deuda y de los tipos de interés; ello permitiría, manteniendo a grandes líneas la actual presión fiscal, liberar los recursos financieros que exige la equiparación del Estado de bienestar español a los niveles y calidad de las prestaciones europeas y, simultáneamente, continuar generando el ahorro público necesario para financiar el esfuerzo inversor en infraestructura sin aumentar los gravámenes que sobre las generaciones futuras supone la existencia de déficit públicos por encima de lo estrictamente necesario.

El pacto social de progreso que pretende propiciar el Gobierno es mucho más amplio que un mero pacto salarial. De hecho, no se trata, como a menudo se ha esgrimido, de buscar el nivel de salarlo nominal que es compatible con nuestro nivel de productividad, sino, por el contrario, propiciar, a través del cambio de comportamiento de los agentes, de la instrumentación de políticas responsables y de la realización de reformas largamente diferidas, un incremento de la productividad de nuestro sistema productivo que permita que la convergencia económica con Europa sea una realidad efectiva, y no un espejismo que se aleja tan pronto como nuestra economía comienza a crecer de forma acelerada. En definitiva, el pacto es un instrumento útil para dejar de ser un país permanentemente en vías de lograr la prosperidad y comenzar a disfrutar definitivamente de ella.

1 La OCDE prevé para 1991 que el Reino Unido crezca un - 1,8% y registre una inflación cercana al 6, 1 %. Para Bélgica, las previsiones son de 2,2% de crecimiento y 3, 1 % de inflación, mientras que Holanda crecería al 2,2% y tendría una inflación del 2,5%.