Limpieza por correspondencia

LAS IRREGULARIDADES descubiertas en la tramitación del voto por correo en Madrid y Salamanca, relacionadas con el Partido Popular, han servido para detectar ciertas lagunas en la legislación electoral. Sin embargo, la excepcionalidad misma del procedimiento -reservada a los electores ausentes de su circunscripción el día de las elecciones o a los enfermos e incapacitados- que sustituye la presencia física del elector ante la urna por una serie de trámites, favorece la posibilidad de burlar la norma. Como en tantos otros aspectos de lamentable actualidad, las garantías de limpieza en el procedimiento dependen menos de la excelencia de la ley que de la voluntad cívica de respetarla. La decisión de la Junta Electoral de Madrid de suspender la entrega de credenciales a los concejales electos para el Ayuntamiento de la capital explica el deseo de que se cumpla lo legalmente establecido.Pero, de entrada, hay que rechazar la insinuación de que se trata de un asunto irrelevante. La cifra de votantes por correo es significativa: 320.000 papeletas, casi el 2% de las emitidas y, dato a considerar, 100.000 más que en las municipales de 1987. La sospecha de que se trate de un fraude organizado deriva de ese inusual aumento, más sorprendente a la vista de la elevada abstención registrada el 26-M; pero también de la similitud de las irregularidades detectadas, indicadora de una voluntad deliberada de aprovechar ciertos resquicios de la ley o, más bien, la ausencia de mecanismos de control en su aplicación.

Esa voluntad no tiene por qué emanar expresamente de la dirección de tal o cual partido, pero sí parece evidente como mínimo que algunas personas, caracterizadas todas ellas por su exceso de celo militante, se han concertado para actuar de la misma manera. Y que ese exceso de celo se ha dado la mano con la connivencia interesada o al menos la pasividad burocrática de algún funcionario de Correos o de la oficina del censo para conseguir como sea votos para su partido. En Madrid, el supuesto fraude alcanza de momento a unas 9.000 solicitudes de voto por correo. En Salamanca, a 600.

Salta a la vista, por lo demás, que -al margen de su posible incidencia en el resultado final de la elección (en cuanto a la composición definitiva de los ayuntamientos de Madrid y Salamanca y a la de la diputación de esta última ciudad)- tales irregularidades son de las más graves que contempla la legislación electoral. Constituyen una manipulación del sufragio y, en algunos casos, hasta una suplantación de la personalidad del elector y el secuestro de uno de sus derechos fundamentales. De acuerdo con la legislación electoral, la solicitud del voto por correo debe ser personal, con presentación del DNI y comprobación de la firma. En caso de enfermedad o de incapacidad que impida la formulación personal de la solicitud, ésta podra ser efectuada por persona autorizada, con acreditación de su identidad y de su representación mediante documento autorizado por notario.

Estos casos concretos no pueden proyectarse sin más en un juicio negativo sobre todo el proceso electoral, como irresponsablemente hicieron algunos con las irregularidades detectadas en Murcia, Pontevedra y Melilla en las elecciones generales de 1989. Pero tampoco pueden permanecer impunes si se quiere evitar que cunda la desmoralización de la ciudadania, tan seriamente puesta a prueba estos días. A los culpables de tales desafueros deben aplicárseles las sanciones previstas en la legislación electoral. Y las directivas de los partidos políticos deben desautorizar públicamente a los militantes que recurran a tales prácticas y sancionarles con el máximo rigor. Va en ello la credibilidad de las formaciones cuestionadas, pero, también, la legitimidad del sistema.