La Junta de Vallecas cierra por falta de agua y desorden un taller de radiadores ubicado en el edificio de un vocal del PP

Manuel Ortiz, 53 años y mecánico en Vallecas desde hace 20, ha recibido orden de la junta de distrito de cerrar su taller de radiadores de coches por tener charcos en el suelo, desorden, una estufa sin proteger y carecer de agua. Ortiz es uno de los últimos inquilinos de un edificio industrial, adquirido en 1987 por el vocal del Partido Popular en Vallecas, Celedonio López Villares. El mecánico, y otros arrendados, han denunciado al vocal por coacciones y apropiacion indebida.Las tres plantas y las naves de los bajos del edificio de Monte Oliveti, 35, están prácticamente abandonadas, aunque aún aguantan tres pequeños industriales: Ortiz, un taller de chapa y otro de electrónica. En 1987 había unos 40 establecimientos entre carpinteros, fabricantes de papel, grabadores, almacenistas y el bingo del Rayo Vallecano.

Ortiz y los últimos de Monte Oliveti acusan al vocal del PP de ser el causante de la degeneración progresiva del edificio desde que éste lo adquirió en 1987. Los inquilinos han denunciado a López Villares -el proceso está a la espera de sentencia- por las coacciones que recibieron para que abandonaran el edificio y por apropiación indebida ya que, según comentan, el Canal de Isabel II cortó el agua en 1989 por falta de pago aunque ellos abonaron los recibos al propietario.

Los inquilinos acusan también a López Villares de no haber acatado desde 1989 una orden de la Gerencia municipal de Urbanismo en la que se insta al vocal a reparar varias deficiencias detectadas por una inspección: "falta de mantenimiento y estado de abandono del cuerpo interior, mal estado de los techos, peldaños sueltos y rotos, grietas en los tabiques", etcétera.

Durante estos años, la mayor parte de los industriales han dejado el edificio con "ridículas indemnizaciones", según los que resisten. Los que quedan han tenido que apañárselas. Ortiz tiene que traer diariamente el agua en grandes recipientes.

Ahora la junta le ha ordenado el cierre el 7 de junio para que subsane las deficiencias. De nada le han servido los recursos en los que ha explicado que la falta de agua es reponsabilidad del propletario y que hay un sumidero para los charcos. Carlos Martínez Serrano, presidente de la junta, comentó que los problemas de inquilino con su propietario deben arreglarse en los tribunales. "El Ayuntamiento no puede ser juez".