La defensa del 'caso Blasco' ataca al fiscal por las escuchas telefónicas

Las defensas de los seis acusados por un delito de cohecho en el denominado caso Blasco, entre los que se encuentra el ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat valenciana Rafael Blasco, solicitaron ayer, primer día de la vista oral, la nulidad de las escuchas telefónicas, principal prueba de la acusación. Los letrados, que atacaron al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Beltrán, consideran que se vulneraron derechos constitucionales.

"Este es el principio del fin. Lo peor ha pasado", se limitó a decir Rafael Blasco. Esta es la primera vez que un ex consejero de la Generalitat se sienta en el banquillo implicado en un delito de cohecho.Enrique Beltrán acusa a Rafael Blasco; al ex gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (INIV), Juan José Esturi; al arquitecto José Antonio de Juan; al aparejador Juan Manuel Chuliá; y a, la funcionaria de la Consejería de Obras Públicas Inmaculada Sancho de haber recibido de mano de Jacques Lacroix, representante de la empresa francesa l'Occidentale des Centres Commerciaux (OCC), una cantidad de dinero superior a los cinco millones de pesetas como pago por la adjudicación irregular a esta empresa de unos terrenos públicos en Paterna (Valencia).

El ministerio público solicita para los seis acusados las penas de tres años de prisión menor y multa de 100.000 pesetas.

Rafael Blasco fue destituido en 1989 a raíz de un escándalo surgido en su departamento sobre la calificación de unos terrenos en el término municipal de Calpe. Beltrán presentó en el mes de enero de 1990 otra denuncia, basada en unas escuchas telefónicas originadas por el caso Calpe, en la que aparecía implicado el ex consejero.

Precisamente los abogados defensores trataron de demostrar la ilegalidad de estas grabaciones telefónicas. Según señalaron ayer, la obtención de estas grabaciones vulnera los derechos de la igualdad, del secreto de las comunicaciones y del derecho a una defensa con garantías.