El Gobierno de México y los sandinistas enfrentados por la vivienda de Daniel Ortega

El debate "de claras connotaciones políticas" en torno a la devolución de la vivienda donde reside el ex presidente de Nicaragua Daniel Ortega desde 1979, que está siendo reclamada por Amparo Vázquez, ciudadana mexicana, ha generado una tensa situación entre el Gobierno de México y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyas relaciones han sido históricamente muy estrechas.

El embajador de México, Ricardo Galán, inició recientemente gestiones de "respaldo moral" para que la vivienda, valorada en casi un millón de dólares (unos 105 millones de pesetas), fuese devuelta a su antigua propietaria, Amparo Vázquez de Morales, de nacionalidad mexicana. "No creo que [Ortega] se sienta incómodo por mi actitud", aseguró Galán a un diario local, agregando que su intervención no afectaría "mayormente" a las relaciones de su Gobierno con el FSLN.Aunque Daniel Ortega no ha respondido directamente a las declaraciones del embajador mexicano -anteriormente afirmó que sería -políticamente inaceptable" devolver el inmueble"-, destacados miembros del anterior Gobierno y del Frente Sandinista han hecho oír su voz. El ex vicepresidente Sergio Ramírez pidió "una rectificación del Gobierno mexicano", y criticó fuertemente la gestión del embajador en Managua por su "falta de tacto diplomático".

La prensa prosandinista ha iniciado esta semana una intensa campaña contra la devolución de la propiedad en la que reside Daniel Ortega, una de las miles que fueron confiscadás tras la revolución sandinista y que en la actualidad están siendo reclamadas por sus antiguos dueños. El diario Barricada, hasta hace poco órgano oficial del FSLN, publicó el miércoles un editorial en el que denunciaba "los dudosos procedimientos financieros" con los que el antiguo propietario adquirió la polérnica vivienda hace 12 años, y apelaba a la "no intervención". El diario acusaba al Gobierno mexicano, a través de Galán, de estar tomando "partido en una cuestión política".

La Comisión Nacional de Revisión, encargada de gestionar la devolución de propiedades confiscadas injustamente, insiste que la gestión de Galán es el resultado de su justa decisión de "velar por los intereses de los ciudadanos mexicanos". Tanto Amparo Vázquez como su esposo, Jaime Morales Carizo, un conocido empresario antisandinista, residen en México.