El fiscal del Estado ordena investigar a dos firmas que financiaron irregularmente al PSOE

ANABEL DIEZ / JUAN G. IBAÑEZ El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, ordenó ayer a su representante en el Tribunal de Cuentas que investigue las actividades de las empresas Filesa y Time Export, que, según informaciones publicadas ayer por los diarios El Mundo y El Periódico de Cataluña, cobraron entre 1988 y 1990 de dos bancos y varias importantes empresas cientos de millones de pesetas por estudios de asesoramiento que no llegaron a realizar. Esas cantidades fueron presuntamente destinadas a sufragar la campaña del PSOE en las elecciones legislativas de 1989. La oposición parlamentaria reaccionó con cautela ante estas acusaciones, si bien exigió una investigación al respecto por parte de la Fiscalía del Estado y del Tribunal de Cuentas. La dirección del PSOE afirmó desconocer las actividades de las citadas empresas y negó toda vinculación con ellas.

En las mismas horas de la mañana en las que los portavoces de la oposición parlamentaria reclamaban la intervención de oficio de la Fiscalía del Estado, el máximo representante de este organismo, Leopoldo Torres, remitió un oficio al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas para que indague las actividades de Filesa y Time Export por si hubiesen contribuido de forma ilegal a sufragar campañas electorales socialistas.Según el diario El Mundo, Filesa fue la empresa que pagó la realización del polémico vídeo publicitario del PSOE Momentos, en el que aparecían 44 personajes públicos que no habían dado expresamente su autorización para que su imagen fuera utilizada como apoyo a las candidaturas parlamentarias socialisla listas en las elecciones legislativas de 1989.

Estas y otras afirmaciones contenidas en el informe del citado diario fueron remitidas por Leopoldo Torres al Tribunal de Cuentas para que "ejerzan las acciones fiscalizadoras que competen a ese tribunal tanto en lo referente a campañas electorales como en periodos ordinarios de Leopoldo Torres. Financiación pública y privada de partidos políticos". Entre los propietarios de las citadas empresas están Alberto Flores, hermano de la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Flores, y Luis Oliveró, tío político de Carlos Navarro, diputado socialista y coordinador de finanzas del grupo parlamentario del PSOE.

Las principales fuerzas de la oposición combinaron ayer la cautela y la solicitud de que se esclarezcan los hechos por si se ha vulnerado la legalidad, en particular la concerniente a la financiación de los partidos políticos. Los portavoces rehuyeron una actitud de inculpación y se limitaron, por el momento, a exigir explicaciones al PSOE. Por su parte, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, se limitó a espetar en los pasillos del Congreso: "No tengo nada que decir, se lo juro", informa Efe.

Las vías reales

Varios dirigentes de la oposición reconocieron en conversaciones privadas que el fondo del asunto afecta a las vías reales de financiación de los partidos, y que en uno u otro momento sus respectivos grupos se han visto también inmersos en alguna denuncla de presuntas irregularidades en ese terreno. Tan sólo los representantes de Izquierda Unida han asegurado siempre que nunca han obtenido ingresos que les puedan deparar una acusacIón en público.

Quizá por eso el portavoz de IU en el Congreso, Nicolás Sartorius, fue ayer el más vehemente al advertir que su grupo parlamentarlo está dispuesto a pedir la creación de una comisión de investigación parlamentaria, además de anunciar que solicitará la comparecencia de representantes de la Administración en el Congreso para que contribuyan a esclarecer las presuntas irregularidades. Entre las compañías que han encargado estudios de asesoramiento a las consultorías que ahora van a ser investigadas se encuentra la empresa pública Enasa. Las donaclones de empresas públicas a los partidos son ilegales.

Más prudente en sus comentarios, el portavoz del PP, Rodrigo Rato, consideró ayer "muy graves" las denuncias sobre Filesa y Time Export, pero consideró prioritario que el PSOE dé una explicación pública.

Rato confió en el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía del Estado y del Tribunal de Cuentas y adelantó que en el caso de que estas instituciones no actuasen de oficio, el PP adoptaría las iniciativas políticas que estén en su mano.

El CDS tomó igualmente una iniciativa parlamentaria y solicitó al presidente del Tribunal de Cuentas que explique en la comisión parlamentaria que debate las actuaciones de este organismo si tiene constancia de que el PSOE haya transgredido las normas de financiación procedente de empresas privadas y en particular de las compañías Filesa y Time Export.

El portavoz del PNV, Maki Anasagasti, recordó que las denuncias de presuntas irregularidades en la financiación de los partidos surgen esporádicamente, pero una y otra vez en parte por las deficiencias de la ley reguladora de los ingresos y gastos de los partidos que fue aprobada en 1987.

Tras recordar el denominado caso Naseiro, Anasagasti opinó, al igual que Sartorius, que los escándalos sobre las irregularidades en la firíanciación de los partidos contribuyen a la desconfianza de la opinión pública y favorece la abstención electoral.