El control del comercio de armamentos

Una mayor transparencia informativa, la armonización de las legislaciones de los diferentes países y el establecimiento de unos techos anuales de producción, son algunas de las medidas que el articulista considera que podrían ponerse ya en funcionamiento para limitar y controlar el comercio de armamento.

El descontrol existente sobre el comercio de armamentos es debido en buena parte al secretismo con que se lleva a efecto. La falta de información y de transparencia de esta actividad impide conocer con exactitud su alcance real, que es una condición básica para establecer una regulación y un control.Para lograr esta transparencia es necesario crear un registro internacional sobre las transferencias de armas, gestionado por las Naciones Unidas, y prohibir la exportación de armas a los países que nieguen dar los datos sobre su comercio.

Las actuales legislaciones nacionales sobre comercio de armamentos deberían armonizarse, estableciendo normas comunes que permitieran superar los diferentes criterios existentes en cada país. Tanto la OTAN como la CE, y especialmente la CSCE, son organismos adecuados para llevar a cabo esta iniciativa, que, entre otras cosas, debería establecer restricciones a las retransferencias, esto es, a la reventa de armamentos importados, y promover un acuerdo para no exportar las armas sobrantes de las conversaciones de desarme (como las CFE) con objeto de que el desarme de una región no incentive el rearme de otra zona.

Dado que las dos grandes potencias militares controlan dos terceras partes de este comercio, cualquier acuerdo restrictivo entre ambas tendría efectos rápidos y positivos. El establecimiento de unos techos máximos anuales en la venta de armas sería un primer paso para acordar posteriores limitaciones cuantitativas, que después podrían afectar a los otros grandes países exportadores (Francia, Reino Unido y China). Otra iniciativa positiva podría ser la reanudación de las conversaciones CATT (conventional arms transfers talks) entre Estados Unidos y la URSS, interrumpidas en 1979, cuya agenda continúa siendo interesante aunque podrían añadírsele algunos aspectos nuevos.

A nivel cualitativo, las medidas más urgentes son justamente las relativas a limitar las exportaciones de armas ofensivas, inhumanas o desestabilizadoras, sobre las que apenas se han establecido mecanismos restrictivos, ni tan sólo en las regiones más conflictivas e inestables. En este sentido, los ocho países que han firmado el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR) para evitar la proliferación de misiles balísticos deberían ampliarlo y reforzarlo, invitando a otros países a participar y haciéndolo extensible a la tecnología espacial.

Pero para que estas medidas puedan ser efectivas, los Gobiernos han de dejar de estimular y gratificar las exportaciones de armamento, suprimiendo los incentivos actuales. En ningún caso, los países compradores deberían utilizar los créditos para ayuda al desarrollo (como los créditos FAD en España) para financiar sus adquisiciones de armas.

Confianza y cooperación

A nivel de doctrinas es evidente que el propósito de establecer una seguridad compartida sólo es posible mediante la construcción de un sistema de relaciones basado en la confianza y la cooperación, con políticas de defensa no ofensivas y no provocativas, incapacitadas para lanzar ataques por sorpresa y con niveles mínimos de armamento. Estos principios, junto a la creación de medidas de confianza (CBM) y el desarrollo de mecanismos para regular pacíficamente los conflictos, constituyen las bases sobre las que podrá edificarse ese nuevo edificio de la seguridad colectiva que preconiza la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de París.

Los esfuerzos del desarme siempre han quedado condicionados por el impulso de la investigación en nuevos armamentos. Urge, por tanto, limitar la etapa de investigación, especialmente de armas ofensivas e inhumanas, ya que sólo de esta forma se garantizará su no producción y exortación.

La producción de armamentos debería ser también una actividad transparente y pública, sujeta, por tanto, a la fiscalización de los Parlamentos y de la opinión pública. La creación de registros nacionales de producción de armamentos ayudaría a lograr el clima de confianza necesario para construir la seguridad compartida, que es incompatible con el secretismo.

A nivel internacional sería necesario llegar a acuerdos con los nuevos países productores y exportadores de armamento situados en el Tercer Mundo, facilitándoles compensaciones e incentivos para que abandonen esa actividad a cambio de una mayor cooperación para el desarrollo de productos civiles de utilidad social.

Personal militar

Otras medidas restrictivas complementarias serían las de limitar la exportación de armamentos a los países que tienen un número excesivo de personal militar (superior al 2% de su población, por ejemplo) o de gastos militares (superior al 7% del PIB). A estos países no solamente se les vetaría la compra de armas, sino que se les negaría la actual ayuda al desarrollo, que en parte se utiliza para financiar indirectamente los procesos de rearme. Por el contrario, la condonación de la deuda y la cooperación al desarrollo debería ser especialmente intensa en aquellos países que opten claramente por su desmilitarización.

Este largo listado son algunas de las medidas que podrían ponerse ya en funcionamiento para limitar y controlar el comercio de armamento. Las previsibles dificultades para llevarlas a la práctica no han de retardar su inicio, ni tampoco han de impedir la reflexión más profunda sobre los mecanismos mundiales de dominación, en los que el comercio armamentista no es mas que una de sus expresiones.

es investigador sobre desarme del Centro Unesco de Cataluña y miembro del CIP.