Razones para. una elección: el Eurofed en Valencia
El autor defiende la candidatura de Valencia como sede del futuro banco central europeo. Argumenta que la falta de organismos comunitarios en España y la necesidad de que la Administración central redistribuya territorialmente los proyectos nacionales e internacionales para evitar que la inversión se concentre en unas pocas ciudades, hacen de Valencia la mejor candidata.
El pasado 21 de enero, el Consell de la Generalitat Valenciana adoptó el acuerdo de solicitar al Gobierno de la nación la elección y defensa ante la CE (en el seno de la Conferencia Intergubernamental sobre la Unión Económica y Monetaria) de la candidatura de la ciudad de Valencia como sede del futuro Banco Central Europeo (Eurofed). El acontecimiento reviste una importancia tal que bien merece un comentario, siquiera sea somero, de lo que tal acuerdo implica y entraña de cara al inmediato futuro.La designación de las sedes dentro de la CE siempre ha sido el elemento más delicado y conflictivo, y una buena prueba de ello la tenemos en el hecho de que incluso la Comisión y el Parlamento Europeos estén ubicados en sedes provisionales. En consecuencia, parece razonable suponer que una decisión de la envergadura de la localización del Eurofed difícilmente llegará a asumirse sin resolver algunos o todos los temas que la CE tiene pendientes en este campo. Por tanto, no está en juego exclusivamente la sede de una importante institución comunitaria, sino la posibilidad de poder optar a otros organismos e instituciones sin adjudicación definitiva, y que van desde la Comisión, Parlamento y el propio Banco Central a toda una serie de proyectos de cierta importancia, como son la oficina de patentes, la Agencia del Medio Ambiente, el futuro Banco del Magreb, el posible banco para la reconstrucción de Oriente Próximo, etcétera.
Desde esta perspectiva amplia, la elección de una u otra ciudad como candidata española para sede del Eurofed no es una decisión baladí, sino que puede acabar siendo decisiva. Estas posibilidades cobran un mayor realce si se piensa que el momento presente se caracteriza por una ausencia total de organismos comunitarios en España y que el criterio lógico de buscar un reequilibrio espacial dentro de la CE (encarnado en lo que podría denominarse doctrina del policentrismo) coloca a la candidata española en la mejor posición de partida de cara a conseguir la ubicación de algún organismo de importancia.
Esta realidad lógica y elemental se ha traducido en la aparición de otras solicitudes, todas ellas, por supuesto, respetables. Ahora bien, ¿cómo elegir entre una u otra opción?, ¿qué criterios parecen más oportunos? La respuesta no es fácil y cualquier aproximación resulta subjetiva, controvertida y, desde luego, discutible. Con estas limitaciones, siempre presentes, existe una razón que parece, cuando menos, necesario exhibir, y que, a mi entender, encaja perfectamente con el sentimiento de la totalidad de los valencianos la necesidad de que a nivel de Gobierno de la nación se intente distribuir territorialmente los proyectos nacionales o internacionales de importancia y que éstos no se concentren en unas pocas ciudades o comunidades autónomas.
Los proyectos de 1992
Por una serie de razones, en España se han superpuesto toda una serie de proyectos de gran alcance y proyección internacional para 1992. La lógica solidaridad nacional y el reto que para la economía española representaban y representan los mismos, exigía la unificación de esfuerzos e inversiones a todos los niveles en dichas iniciativas. Obviamente, la concentración de semejante cúmulo de inversiones ha traído consigo un efecto inducido de enorme importancia que, si bien ha redundado en beneficio de toda la economía española, no es menos cierto que lo ha hecho en mayor medida, como no podía ser de otra forma en los núcleos elegidos.
Tomemos el caso de los Juegos Olímpicos estrictamente a título indicativo. La inversión directa asociada a tal acontecimiento se acerca al billón de pesetas (200.000 millones, la Administración central; 270.000 millones, las restantes administraciones; 320.000 millones, Telefónica; etcétera). A su vez, según estimaciones realizadas por el propio Ayuntamiento de Barcelona, las inversiones inducidas por el proyecto podrían ascender a 1,45 billones adicionales, cifra que situaría la inversión total generada por el proyecto en casi los 2,5 billones de pesetas, esto es, una inversión de casi 1.000.000 de pesetas por cada residente en la conurbación de Barcelona.
Estas magnitudes se han conseguido, en gran parte, con el esfuerzo de todos los españoles, que unánimemente han redistribuido sus posibilidades inversoras hacia aquellos núcleos que habían sido designados como sedes internacionales de acontecimiento singulares, porque entendían que así debía ser. Ahora bien, la otra cara de la moneda ha sido necesariamente la menor atención a otras comunidades autónomas.
Proyectos tan vitales para Valencia como la autovía con Madrid, o las actuaciones en materia de depuración de aguas residuales, o los trazados ferroviarios directos con Madrid, o el proyecto del tren de alta velocidad, entre otros muchos, han experimentado un cierto retraso en su ejecución, con los consiguientes costes que esto representa, a pesar de que la Comunidad Valenciana se encuentra en el eje de desarrollo más dinámico de la economía española y que, por tanto, precisa de una atención prioritaria si no quieren generarse estrangulamientos definitivos en los procesos productivos o redistribuciones y dislocaciones de las propias pautas de inversión.
Otras iniciativas
Ahora bien, el año 1992 pasará, y los compromisos asociados a tal fecha se desvanecerán, dando paso y cabida a otros que posibiliten un crecimiento espacial homogéneo y una atención equitativa para la totalidad de las comunidades. El Impulso recibido por las actuales actuaciones con el esfuerzo, sacrificio y recursos económicos de todos, debe dar paso a otros proyectos y a otras iniciativas, necesariamente en aquellos centros y comunidades menos favorecidos en el reparto
experimentado en el último quinquenio, y ello debe conseguirse no sólo con el apoyo del Gobierno, sino con el de todas las restantes comunidades.El Gobierno valenciano ha entendido que la solicitud de la candidatura de Valencia para ser sede del Eurofed, o para cualquier otro organismo comunitario de relevancia, significará para dicha ciudad y, por extensión, a su entorno, en el caso de que finalmente se materializara, un impulso definitivo que le permitirá consolidar su proyección, suplir sus carencias y cubrir sus necesidades. Esta sensación ha sido sentida en Valencia por la totalidad de los agentes económicos y sociales, hasta el punto de que con una unanimidad casi nunca alcanzada hasta el presente se han adherido masivamente al proyecto y a la solicitud hecha por el Consell de la Generalitat ante el Gobierno de la nación.
Los méritos de Valencia, como el propio ministro Carlos Solchaga reconoció en el Parlamento, son suficientes para representar dignamente a España en tal elección. Tanto por su tamaño como por su dinamismo, vocación europea y peso económico-financiero, puede perfectamente equipararse a otras alternativas, máxime cuando los argumentos que deben prevalecer en la defensa española nunca pueden ser los estrictamente técnicos (comunicaciones, infraestructuras, peso financiero, etcétera), dado que en tal caso la elección dificilmente recaería en una propuesta española ante candidatos tan fuertes en este campo como Francfort o Milán, por citar sólo dos importantes.
En mi opinión, la defensa española debe encaminarse por la senda de la redistribución espacial, el policentrismo en la elección de sedes, la nula presencia de instituciones comunitarias en el sur de Europa, el impacto regional y dinamizador de tal decisión en los países y sedes seleccionadas, el compromiso español con el sistema e instituciones comunitarias, etcétera, y nunca por el lado exclusivamente técnico en el sentido apuntado. En este contexto, la candidatura de Valencia es idónea, incluso mucho más defendible que otras alternativas posibles.
Desde esta perspectiva, que coincide en líneas generales con el planteamiento de la mayor parte de los agentes económicos y sociales valencianos, resulta poco comprensible que otros argumentos pueden pesar más que la distribución de iniciativas a nivel nacional. Resulta difícil de aceptar que esta elección deba ser autónoma y nada tenga que ver con el cúmulo de decisiones anteriores recientes, los proyectos 92. Resulta todavía más difícil de explicar por qué las grandes iniciativas españolas se concentran en unas pocas ciudades y cuando existe una posibilidad de diversificación no se atiende dicha solicitud. Resulta inaceptable, y en gran parte vejatorio ofrecer como mérito diferencia¡ respecto a la candidatura valenciana precisamente unas mejores condiciones de partida conseguidas con el esfuerzo de todos los españoles y a costa de la cobertura de algunas de sus propias necesidades.
es catedrático de Economía Aplicada y director general de Economía y Política Financiera de la Generalitat Valenciana.
