La Comisión de Libertads e Informática denuncia falta de garantías en bancos de datos

Los ciudadanos españoles están expuestos sin ninguna posibilidad de defensa a que los poderes públicos y las empresas privadas utilicen sus datos personales, que se encuentran ya en decenas de bancos de datos informatizados. Ésta es una de las principales denuncias que ha hecho la recién constituida Comisión de Libertades e Informática (CLI).

La asociación, entidad no gubernamental nacida de la sociedad civil, integrada por juristas, sindicatos, asociaciones profesionales y usuarios, fue presentada ayer en Madrid."El que un funcionario de Hacienda español, como se ha publicado recientemente, entregue datos a la policía es sólo la punta del iceberg de lo que puede estar sucediendo en España", señala Rafael Fernández Calvo, experto en informática, miembro de la presidencia de la CLI en representación de la Asociación de Técnicos de Informática.

Fernández Calvo dice que en España existen en estos momentos decenas de bancos informatizados con datos "sensibles" de los ciudadanos. Pone como ejemplo el caso de Italia, donde en 1988 el Estado tenía información sobre los ciudadanos en 50 ficheros, y ahora, tres años después, existirían muchos más. Para el especialista en informática, el problema se agrava "si consideramos las posibilidades que existen de poder cruzar los datos de los distintos archivos".

"Ante esta situación queremos una ley que permita, por ejemplo, una denuncia ciudadana contra bancos de datos personales de entidades Finacieras que se han creado sin cumplir las normas", ha explicado Antonio Farriols, miembro de la presidencia de esta asociación, en la que participa representando al sindicato UGT.

Los promotores de la CLI dicen que ésta no va contra nada ni contra nadie, "sino a favor de una legislación positiva", no reclama exclusivamente el control de los bancos de datos en manos de empresas privadas, sino también la posibilidad de acceder, rectificar y cancelar datos personales que se encuentran en poder de los organismos públicos como Hacienda, Policía, Sanidad...

Garantías

En opinión de José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo y representante en la CLI por parte de Jueces para la Dernocracia, el problema no es la informática ni las posibilidades que prestan las nuevas tecnologías de la información, sino el hecho de que no existe ninguna legislación que garantice el funcionamiento.

"Por ejemplo, se nos dice que los datos del censo de la población, que han sido recolectados recientemente, son anónimos, pero ¿quién los controla? y ¿quién garantiza que esos datos no son trasvasados a otros ordenadores?", señala Martín Pallín. El magistrado todavía pone otro ejemplo: "En estos momentos no hay ningún control para saber si el Ministerio de Justicia borra los datos del Registró Central de Penados y Rebeldes".

Luis Otero, directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos y miembro de la presidencia de la CLI, desvela otras amenazas informáticas que se ciernen sobre los ciudadanos, especialmente con el nuevo documento nacional de identidad. "Sería bueno que la implantación del nuevo DNI se hicera ya con una ley específica de protección de los datos informatizados", añadió. Tanto Otero como el resto de los miembros de la presidencia de la asociación han defendido el carácter "independiente, positivo, abierto y pluridisciplinar" de esta asociación, "que pretende la protección de los derechos individuales y colectivos, "y para ello trabajará en contacto con el Defensor del Pueblo, las asociaciones ciudadanas y los organismos internacionales que defienden la misma causa".