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Tribuna:DEBATE SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO

Competitividad, igual a eficacia social

La inclusión de España en la CE, en opinión del articulista, no ha tenido efectos tan positivos como en un principio se esperaba para la agricultura española. El conjunto de la economía ha experimentado un alza por encíma de la media comunitaria, pero esta bonanza no ha sido compartida por el sector agrario.

A lo largo de estos últimos años, la economía internacional ha expermentado un cambio que se ha visto reflejado en una dinámica de crecimiento más animado. La economía española, sobre todo a partir de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, no ha permanecido ajena a este proceso, obteniendo tasas de crecimiento por encima de la media comunitaria.Sin embargo, una vez más, el sector agrario ha vuelto a quedar al margen de esta evolución positiva de la economía en su conjunto que, como veremos a continuación, no se ha traducido en indicadores favorables para nuestro sector, sino todo lo contrario.

Así, la importancia relativa del sector agrario en la economía española ha disminuido, para pasar desde el 5,6% que representaba en el producto interior bruto (PIB) de 1982 al 4,1% de 1989.

La ocupación total del sector, que suponía un 17,6% de la ocupación nacional en 1982, ha caído hasta el 12,3% en 1989. Por otra parte, y dentro también de este mismo intervalo de tiempo, se ha producido ciertamente una ligerísima recuperación en la relación de intercambios entre los precios percibidos y los pagados por el agricultor, pero ello no ha impedido una notable erosión tanto en la posición de los pequeños' agricultores como en la de los consumidores.

La influencia ralentizadora que sobre el índice de precios al consumo han ejercido los precios agrarios ha sido, no obstante, bien palpable, contribuyendo de manera muy destacada al equilibrio y desarrollo de otros sectores económicos.

Pérdidas crecientes

Es evidente, por tanto, que en el actual modelo económico -en el que coexisten un sector industrial tradicional y un amplio y pujante sector de servicios que cada día tiene un mayor peso específico-, el sector agrario avanza por una senda de pérdidas crecientes tanto en su aportación económica al PIB como en sus índices de empleo, lo que a su vez está produciendo importantísimos cambios en la estructura productiva y de trabajo de los agricultores españoles con la aparición de nuevos colectivos altamente desfavorecidos.

Estas profundas modificaciones, con una clara concreción en el plano económico ya descrito, han originado además una nueva situación social claramente regresiva que constituye la preocupación fundamental de la Unión de Pequeños Agricultores (UPAUGT).

Varios son los factores determinantes que están incidiendo en la negativa evolución de la agricultura y ganadería españolas. En primer término, es cada vez más evidente la complejidad e interdependencia del comercio agrario internacional, con la probable modificación de las reglas del juego en el marco de las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y su consiguiente repercusión tanto sobre el aparato productivo de la actividad agraria como sobre el tejido social en el que ésta se sustenta.

La costosa acumulación de excedentes agrarios como consecuencia del mantenimiento de políticas de renta basadas en las garantías de precios ha concentrado enormemente el gasto agrario en las explotaciones más extensas e intensivas, sin tener en cuenta factores como los ingresos de la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas explotaciones familiares.

A este respecto, es tristemente esclarecedor que, en España, el margen bruto total por unidad de trabajo sea 2,2 veces menor que la media europea y que tan sólo el 1,4% de las explotaciones españolas ocupen el 23% de la superficie agraria útil y obtengan el 25% del margen bruto total.

Existe, pues, un conjunto mayoritario de pequeñas explotaciones agrarias con una clara precariedad en la remuneración de su trabajo frente a un ínfirno grupo de grandes productores que obtienen la mayor parte de los beneficios económicos. Todo ello conduce a una estructura social dual entre productores y regiones.

El tercer factor que viene condicionando nuestra agricultura es la intensificación de los métodos de producción sobre la base de un modelo productivista que ha explotado abusivamente la naturaleza, contaminando las aguas y degradando la tierra. A estas alturas ha de crearse, pues, una nueva relación entre agricultura y medio ambiente que dote al agricultor de un nuevo protagonismo social en la preservación y conservación de la naturaleza.

En la sociedad rural, el fenómeno de la desigualdad ya no se produce únicamente entre agricultores, sino que, al hacerse más compleja, introduce otros contextos en la dialéctica tradicional y aparecen nuevos colectivos desfavorecidos que plantean la necesidad de que los Gobiernos desarrollen políticas más globales.

Desde esta convicción, la Unión de Pequeños Agricultores se enfrenta al reto de hacer prevalecer el agrarismo social frente al agrarismo corporativo; dicho de otro modo, de defender al agricultor no sólo como un mero productor de bienes alimenticios, sino como ciudadano que está inmerso en las contradicciones económicas del conjunto de la sociedad.

Lo económico y lo social

La modificación de los mercados agrarios, la aparición de una agricultura dual y la interdependencia entre agricultura y espaelo rural hacen ineludible la confrontación de intereses ante la apertura que propiciará el mercado único.

En este sentido, el pacto de competitividad que ha anunciado el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Pedro Solbes, sustentado fundamentalmente en la disminuciónde la población activa agraria, nos llena de preocupación, porque no contribuirá sino a preservar el statu quo ya existente y con ello a mantener las desigualdades internas que caracterizan al sector.

La acusación que argumenta que es antieconómico pretender una agricultura subsidiada y no competitiva resulta incongruente, ya que es público y notorio que el porcentaje mayoritario de las ayudas agrarias se destinan más al almacenista que al agricultor, más a la multinacional que a la cooperativa. En resumen, más al producto que al productor.

Nuestra agricultura se caracteriza todavía por una notable heterogeneidad económica y social, y necesita por tanto de políticas que tiendan a corregir los desequilibrios internos apuntados y que impulsen un modelo de competencia basado más en criterlos sociales que economicistas para garantizar el asentamiento de la, explotación familiar como núcleo prioritario de la producción básica.

Esta realidad exige del Gobierno el establecimiento de medidas, sociales capaces de impedir que ese mercado, actualmente controlado en gran medida por especuladores e intermediarios, expulse al colectivo de los pequeños agricultores de las zonas rurales españolas.

En definitiva, la obligación moral de nuestros gobernantes pasa por mejorar de manera notable el nivel de eficiencia social de nuestro sector, dotándole de estructuras organizativas adecuadas para que la mal llamada eficlencla económica no encubra en realidad la aplicación de políticas conservadoras al socaire de una competencia de mercado que en la práctica se traduce en la concentración de la riqueza en los monopolios de las empresas extranjeras que se han introducido con gran profusión en nuestro sector alimentarlo.

Todas estas consideraciones constituyeron la base de discusión del II Congreso Federal que la Unión de Pequeños Agricultores, que Finalizó anteayer en Madrid. Como ya es conocido, con el referente de la multitudinaria manifestación de agricultores del 2 de junio de 1990, la UPA elaboró la Propuesta Agraria Progresista; el objetivo de este documento era sustentar la apertura de un proceso de concertación entre los sindicatos agrarios, el Gobierno central y las Administraciones autónomas que condujera a la obtención de acuerdos concretos con repercusión presupuestaria.

La alternativa

Fruto de nuestra práctica sindical, dirigida a lograr acuerdos que paliaran el déficit social de los pequeños agricultores, han sido las modificaciones introdu.cidas en los decretos de mejora de las estructuras agrarias y del cese anticipado de la actividad agraria. Sin embargo, el problema estructural sigue siendo el más serio que padece nuestra agricultura y al que, consecuentemente, hay que dedicar los mayores esfuerzos y los recursos más importantes.

En este momento, el contenido de la Propuesta Agraria Progresista no sólo aparece como el cuerpo más sólido y visible del sindicalismo progresista español, sino como la concreción relvindicativa de una concepción redistribuidora del mercado. Así pues, continuaremos definiéndonos por exigir una auténtica política estructural que reequilibre y acerque las condiciones de vida de los pequeños agricultores de nuestro país a las de nuestros homólogos en el norte de Europa.

Esto es, una política social mucho más activa, cuyo basarriento no se encuentre únicamente en el sostenimiento de los precios institucionales, sino que armonice la necesaria cohesión entre los aspectos económicos y los sociales, estableciendo apoyos Enanclieros distintos en función de los diferentes tamaños de las explotaciones; es decir, abordando una verdadera y efectiva redistribución presupuestaria en el gasto agrario, compatible con la competitividad de nuestra agricultura.

es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA-UGT).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de mayo de 1991