140.000 inquilinos y 84.000 pisos de renta antigua aguardan la derogación del 'decreto Boyer'

La máxima actual de alquila como puedas se relajará a partir de la derogación de dos artículos del decreto Boyer. El alivio momentáneo para los 140.000 inquilinos contabilizados en la ciudad servirá también de válvula de escape para las expectativas de los propietarios de 84.000 pisos de renta congelada. Las nuevas posibilidades de los alquileres -con la ampliación de los contratos hasta tres años, la eliminación de la subrogación y la revisión de la renta según de la vida- agilizará también los arrendamientos para los 200.000 pisos vacíos y las 5.000 familias que okupan casas.

El Consejo de Ministros estudió ayer diversas medidas relacionadas con la promoción de viviendas y especialmente con la estimulación del mercado de alquiler, aunque finalmente no adoptó ninguna decisión concreta. La modificación del decreto Boyer, con la supresión del derecho de las subrogaciones para los hijos, la ampliación del plazo mínimo de contrato a dos o incluso tres años y la actualización de las rentas según el índice de precios al consumo (IPC) de la vivienda, ha provocado ya, antes de su ejecución definitiva, las primeras reacciones.El presidente de la comisión de propietarios de pisos con rentas congeladas, Francisco Iglesias, ha sido el primero en congratularse por esta decisión del Gobierno, aunque su colectivo va más lejos en sus reivindicaciones. Iglesias reclama, como "lo más urgente, sustituir la Ley de Arrendamientos Urbanos por un nuevo texto menos obsoleto y que esté de acuerdo con el mundo y la economía actual".

Esta comisión de dueños de pisos de renta antigua, integrada en la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid, considera a la actual ley de arrendamientos culpable de "la escasez de viviendas" el motivo por el cual "se ha espantado a los inversores y el capital se ha dirigido a otras actividades más lucrativas y sin pleitos".

Iglesias acepta como correcto, "para evitar abusos", que la nueva propuesta amplíe la duración mínima, de los contratos, así como que se anulen las subrogaciones y que se estructure todo en forma de decreto ley, "porque es mucho más rápido". Iglesias defiende un procedimiento de desaparición de la prórroga forzosa de forma paulatina.

Rentas de 500 pesetas

El presidente de este colectivo calcula el número de alquileres en Madrid con rentas congeladas en torno a los 84.000, aproximadamente el 60% del parque local de alquileres (140.000). Iglesias sostiene que la media de estas rentas no supera las 3.000 pesetas, incluidos gastos, y que en un gran porcentaje "a los caseros no nos llegan ni 500 pesetas".

Para completar la renovación del casco viejo y para que los propietarios se decidan a rehabilitar sus viviendas, Iglesias propone subir la repercusión del importe de las obras de mejora de las casas sobre los inquilinos. Repercusión que pasaría del 12% actual al 18%, y que se aplicaría sobre los metros cuadrados del piso y no sobre la renta.

La Asociación de Inquilinos de Madrid (AIM), uno de los colectivos que más se ha significado contra la liberación de precios fomentada tras el decreto Boyer, no se ha mostrado muy optimista con la nueva opción. "La solución propuesta por el ministro José Borrell es una mala copia del decreto Boyer; retrasará la sentencia de muerte del inquilino un par de años más, pero luego se quedará igual: de patitas en la calle", señala Francisco Pérez, portavoz de la AIM.

La AIM culpa al decreto Boyer de que en España sólo estén alquiladas 1.371.259 viviendas, el 11,75% del total, una media muy inferior a la europea. El 80% de estos contratos se firmaró antes de 1985, año en que se aprobó el decreto, y desde el que se ha incrementado el precio del suelo en un 340% en el centro de Madrid y en un 330% en la periferia.

Pérez constata otro hecho la proliferación de las okupaciones como acción de denuncia contra las viviendas vacías. La AIM calcula en 5.000 las familias que se han lanzado a la okupación y en 200.000 los pisos sin habitar.