El fiscal jefe de Cádiz investiga irregularidades en 100 casos de 'narcos' puestos en libertad

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, confirmó ayer la existencia de una investigación oficial para esclarecer las presuntas irregularidades observadas en casi un centenar de casos de puesta en libertad de narcotraficantes, en los que supuestamente han intervenido, a cambio de dinero, determinados funcionarios y abogados de la provincia. Las indagaciones por cohecho, prevaricación y estafa en documento público se siguen en la Audiencia Provincia], adonde han sido remitidas las diligencias procedentes de un juzgado de San Roque.

En estas diligencias figuran presuntamente implicados dos funcionarios de la propia Audiencia Provincial, Manuel Núñez Marrero y José Adame Moro, adscritos a la segunda y tercera sección, respectivamente.Según publicó ayer Diario 16 de Andalucía, ambos funcionarios recibieron ciertas cantidades de dinero que procedían, presuntamente, de narcotraficantes que operan en el Campo de Gibraltar, a través del letrado Ricardo Fernández de Vera. Este periódico indicaba que el nombre de Núñez Marrero aparece en la documentación intervenida al presunto narcotraficante Juan Villa Lora.

Manuel Núñez manifestó ante la autoridad judicial que en- la Audiencia de Cádiz se conceden libertades a narcotraficantes presos sin informar previamente a la Fiscalía, tal y como es preceptivo, y que los traslados de presos se autorizaban por teléfono y sin providencia, actuaciones conocidas, según Núñez, por el presidente de su sección y de la Audiencia.

Telegramas falsos

En las investigaciones se incluye, además, la puesta en libertad, hace dos años, de sendos narcotraficantes marroquíes por medio de telegramas remitidos desde Algeciras y Ceuta. En ambos casos se descubrió que eran telegramas falsos.

Estos hechos motivaron la apertura de una investigación por parte del entonces juez de San Roque, Ramón Saez, y en el que figuran implicados, aparte de los funcionarios y narcotraficantes, abogados de la provincia. Uno de los letrados mencionados en la información, José Manuel Jareño, negó ayer cualquier relación con este asunto y Justificó la presencia de su nombre en los documentos intervenidos como algo lógico por su labor como profesional del Derecho. Jareño agregó que no había cometido ninguna irregularidad y recalcó que ningún juez le había llamado a declarar.

El fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz precisó que por estos hechos hay ya abiertos dos procesos que casi están concluidos, mientras que el resto de las presuntas irregularidades se encuentran en fase de investigación policial. En cuanto a los dos funcionarios, han sido apartados del destino que mantenían con anterioridad a la espera de que se delimiten sus presuntas responsabilidades.