El Defensor del Pueblo vuelve a destacar malos tratos de policías y vigilantes

El 9 de julio de 1990, un ciudadano rehúsa apagar su cigarrillo en un vagón del Metro de Madrid. Vigilantes privados "le sacaron a puñetazos, propinándole golpes por todo el cuerpo". Un policía de Las Palmas, el 25 de noviembre de 1989, al recriminar un ciudadano su resistencia a admitirle una denuncia, "le golpeó violentamente proyectándole al suelo y dándole patadas en cabeza y en el cuerpo". Estos y otros malos tratos refleja el informe sobre 1990 del Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles, entregado ayer al Parlamento.

Gil-Robles pide en el documento, que cifra en 29.396 las quejas recibidas el pasado año -cerca de un 40% más que en 1989-, una urgente regulación por ley, de los vigilantes privados y un mayor control y sanción de sus abusos.El Defensor ve "preocupantes las prácticas de vigilantes jurados, consistentes tanto en actuar con desproporcionada violencia en determinados supuestos, con absoluta carencia de proporcionalidad ante los hechos a corregir, o en proceder a la detención de un ciudadano en un local o establecimiento, interrogarle y hacer una anotación o ficha con sus datos personales, sin que intervengan en ningún momento las fuerzas de seguridad".

"Parece necesario, pues, insistir no sólo en la necesidad de seguir más de cerca el proceder de estas personas y entidades por parte de la autoridad gubernativa, sino también en la urgencia de elaborar una ley que regule la actuación de estas fuerzas privadas". Entre los vigilantes denunciados están los del hospital madrileño Gregorio Marañón.

Los del Metro madrileño (de la empresa Candi) acumulan varias quejas: un ciudadano denunció que un vigilante en julio de 1990 le dejó sin sentido de un puñetazo en la cabeza, mientras que otro le golpeó en la espalda con su defensa; empleados de esta firma ese mismo mes sacaron a puñetazos a un ciudadano en un vagón porque rehusó apagar su cigarrillo.

Vigilantes de Candi, nuevamente, fueron acusados en junio pasado de malos tratos a dos jóvenes en la estación de Pueblo Nuevo. Finalmente, una extranjera denunció que estuvo detenida en una habitación de un gran almacén madrileño mientras vigilantes jurados le tomaban sus datos. personales. Una vigilante obligó a la detenida a desnudarse. El Defensor ha pedido a Interior que investigue estas extralimitaciones de los vigilantes.

El Defensor recuerda que algunos malos tratos atribuidos a funcionarios de los Cuerpos de Seguridad se han producido en dependencias policiales o cuarteles de la Guardia Civil, sin que se garanticen al detenido los derechos reconocidos en la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Gil-Robles destaca que "el ciudadano conducido a un centro de esta naturaleza ha sido privado de libertad, sin que puedan ser aceptadas manifestaciones tales como que 'ha permanecido poco tiempo' o que 'ha sido invitado a comparecer para esclarecer los hechos". La memoria insiste en que no caben interpretaciones ni restricciones por parte de las autoridades gubernativas a los derechos de asistencia letrada y médica y comunicación con la familia, elementos que sirven de salvaguarda de malos tratos.

Un ciudadano aseguró haber sido objeto de malos tratos en el cuartel de la Guardia Civil en San Andrés de la Barca (Barcelona), adonde fue conducido por una infracción de circulación. El reclamante presentó un informe médico que acreditaba contusiones y hematomas.

La Guardia Civil es objeto de otras quejas por presuntos malos tratos: una se refiere a ciudadanos detenidos en el País Vasco en noviembre de 1990; otra a la detención en abril de 1990 de un sindicalista por compañeros del instituto armado; otra se presentó por la cofradía de pescadores de Algeciras a raíz de la intervención para desbloquear dicho puerto y una cuarta relata una actuación contra ciudadanos franceses en Rosas (Gerona).

La memoria relata diversos casos de presuntos malos tratos de la policía. Según una queja, pendiente de investigación judicial, en enero de 1990 unos detenidos fueron obligados a desnudarse y "golpeados con dureza" en la comisaría de Centro de Madrid. También se relata que un surafricano invitado por UGT para dar conferencias fue detenido, "al parecer sin causa justificada", en abril de 1990 en Madrid. Los agentes "le esposaron la manos y golpearon la cabeza contra el mostrador de la recepción del hotel". Por este hecho se abrieron sendos expedientes a cinco agentes, paralizados hasta que la justicia resuelva. Gil-Robles mostró su malestar ante el Ministerio del Interior por el hecho de que se produzcan detenciones por "la simple constatación por la policía de que una persona es extranjera".

Otro ciudadano alegó haber sufrido malos tratos en la comisaría de Santa Catalina (Las Palmas) el 25 de noviembre de 1989 al recriminar a un agente su negativa a admitirle una denuncia. El policía, según la queja -archivada por Interior e investigada judicialmente-, le "golpeó violentamente proyectándole al suelo, y dándole patadas en el cuerpo y la cabeza".

Golpes a soldados

Un cubano reclamé haber sido golpeado en febrero de 1990 cuando transitaba por la madrileña calle de Preciados por unos policías que le introdujeron en un inmueble para cometer tal acción. Interior investiga el caso.

Agentes municipales madrileños son acusados (le malos tratos a ocho nigerianos en junio de 1990 cuando se hallaban en la plaza de España. También existen reclamaciones por actuaciones de agentes municipales de Santander, Villajoyosa (Alicante) y Alfafar (Valencia).

El informe cita diversos, casos de malos tratos a soldados por parte de oficiales, que han supuesto el procesamiento (le dos tenientes por hechos ocurridos en un cuartel de infantería de Mallorca y otro de la Legión. Un cabo fue sancionado con seis días de arresto por golpear en la cabeza a un recluta en Tenerife. El Defensor relata que "presuntos malos tratos inferidos a un soldado por un capitán en el cuartel de zapadores del Ejército en Lérida, según esta queja, podrían ser la causa que explicaran un intento de suicidio cometido por el soldado en cuestión". Otro soldado alega haber perdido dos dientes de un golpe propinado por un cabo de la Legión.