Una justicia bajo extremas dilaciones

El informe del Defensor del Pueblo de 1990 reitera la "existencia de órganos judiciales con deficientes o insuficientes instalaciones que impiden la adecuada prestación del servicio público judicial". "Aun comprendiendo las dificultades y el alto coste que supone la construcción de edificios de nueva planta e incluso la adecuación de los ya existentes, debe darse un impulso definitivo a esta cuestión so pena de convertir en papel mojado la creación de nuevos juzgados que ha realizado la ley de planta y demarcación judicial". No todo el colapso se debe a problemas estructurales, sino a "deficiente tramitación, consecuencia en algunos casos de la insuficiente preparación de nuestros jueces, fiscales o personal judicial".El informe da una amplía retahíla de "supuestos individuales extremos de dilaciones indebidas". Un ciudadano que interpuso recurso de súplica en Jaén ante Magistratura de Trabajo en 1977 aún espera resolución. Un sumarlo iniciado en 1984 por robo con homicidio en el Juzgado de Instrucción número dos de Alcalá de Henares se cerró con sentencia seis años más tarde. El proceso penal abierto en 1982 en el Juzgado de Instrucción número dos de Madrid por imprudencia profesional con resultado de muerte lograba culminar en juicio nueve años más tarde.

La memoria señala los órganos jurisdiccionales más atascados, como la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con recursos pendientes desde hace tres años; la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Madrid -a primeros de 1990 tenía pendientes 37.000 asuntos- o la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior del País Vasco, que en 1990 atesoraba asuntos de cinco años antes. Y no falta un amplio elenco de juzgados cuya situación es tachada de "caótica".