El fiscal pide cinco meses de arresto para el ex consejero vasco de Interior

El fiscal del Tribunal Superior vasco, Jesús Cardenal, elevó ayer a definitiva la petición de condena para los seis inculpados en el juicio por la escucha ilegal del teléfono del ex presidente del Gobierno autonómo Carlos Garaikoetxea. Cardenal soprendió al afirmar luego que considera "absolutamente en entredicho" la participación del ex consejero de Interior Luis María Retolaza, contra quien pidió cinco meses de arresto. El acusador particular, Javier Beramendi, situó la gravedad de los hechos en el uso abusivo del poder por móviles partidistas.

El fiscal pide en total dos años de arresto para los seis inculpados y penas de inhabilitación que llevarían aparejadas para el sargento mayor Joseba Goikoetxea y los agentes Ramón Epalza y Juan Miguel Campoy la expulsión de la Ertzaintza (policía autónoma). Los otros dos acusados, también funcionarlos, son el alto cargo de Interior Javier Aguirre y el ex miembro de ETA Javier Zumalde, empleado de la Consejería de Agricultura.En una exposición que causó reacciones de sorpresa en los abogados de las partes, Cardenal mantuvo la petición de penas para los encausados pero a renglón seguido estimó que "no hay pruebas" sobre los hechos posteriores a la realización del pinchazo telefónico. Son estos hechos posteriores los que, según el informe provisional del fiscal, permiten establecer la participación como inductor de Retolaza.

Finalizada su exposición, Cardenal abandonó la sala. El abogado de la acusación particular, Javier Beramendi, mantuvo la petición de seis meses de arresto y 10 años de inhabilitación para Retolaza y Goikoetxea y cuatro meses y un día de arresto y seis años y un día de inhabilitación para Campoy, Aguirre y Zumalde. Beramend1 redujo a 30.000 pesetas de multa y seis años y un día de inhabilitación la petición para el ertzaina Epalza al apreciar la atenuante de arrepentimiento espontáneo durante el pinchazo telefónico.

Epalza, avergonzado por su conducta, según el letrado, dio intencionadamente a Aguirre un número distinto al previsto, mientras este último montaba el puente, e impidió que la grabadora registrara las conversaciones.

De este modo se evitaron "las consecuencias gravosas del delito", según el abogado. Pero el delito fue consumado porque las comunicaciones telefónicas del domicilio de Garaikoetxea quedaron interceptadas, sostuvo Beramendi, como exige el artículo 192 bis del Código Penal al definir la escucha ilegal. Para el acusador particular, el móvil era conseguir información sobre los apoyos del ex lehendakari en la crisis interna del PNV y la gestación de Eusko Alkartasuna.

"Pero la verdadera implicación política de gravedad", añadió, "es el uso del poder para vulnerar la privacidad de una persona, traicionando su misión de proteger los derechos y libertades de todos". Uno de los acusados, Javier Aguirre, se acercó a felicitar a Beramendi.

Los tres abogados defensores pidieron la libre absolución de los acusados. Enrique Villa, defensor de Epalza, afirmó que la versión de éste es la verdadera pero el delito no llegó a consumarse precisamente por la actuación de su patrocinado para impedirlo. La defensora de Zumalde, Arantxa Ugalde, mantiene que no hay pruebas de la participación de su cliente en los hechos.

Gabriel Mariscal, abogado de los otros cuatro ocupantes del banquillo, desplegó su defensa en todos los frentes. Mariscal puso en duda la existencia de una escucha telefónica y negó que coincidan la hora de intervención de los empleados del Gobierno vasco en la central de Zarautz (Guipúzcoa) y el inicio de las interferencias en el teléfono de Garaikoetxea.

El principal objetivo de Mariscal, pese a todo, es el inculpado y testigo de cargo Ramón Epalza. Para el defensor de Retolaza, Epalza es un mal policía, intrigante y dominado por la fantasía, mentiroso y lleno de rencor hacia sus jefes por no haber ascendido. Su versión de los hechos, según Mariscal, obedece a presiones del entorno familiar, que simpatiza con Garaikoetxea.