Querella contra el alcalde y dos concejales de Valdetorres

Viene de la página 1A pesar de ello ni el Ayuntamiento de Valdetorres ni la agencia han impuesto ninguna sanción a la empresa responsable de los vertidos. Acevedo manifestó que los vertidos no son contaminantes y que, en todo caso, "habría que sancionar al constructor del matadero, a la Comunidad de Madrid". El jefe del Servicio de Planificación de la AMA, Francisco Cadarso, confirmó que la agencia se ha limitado a la instalación de un horno incinerador que aún no funciona.

Pedro Díez, vicepresidente tercero y parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, y Bonifacio de Santiago, vicepresidente regional del PP, coinciden al calificar de incomprensible e injustificable que el director de la Agencia de Medio Ambiente Luis Maestre, que fue consejero de Agricultura en la época en que se inauguró el matadero, asegurara que no hay ningún problema medioambiental ni sanitario grave en los vertidos, así como la defensa que el director de la AMA hizo de José Miguel Acevedo en las dos comparecencias de Maestre ante la Asamblea de Madrid, en noviembre de 1990 y en febrero de 1991.

Dos adjudicaciones

La querella admitida a trámite recoge otra denuncia por un supuesto delito de prevaricación contra el alcalde y el concejal de Hacienda de Valdetorres. Esta guarda relación con la adjudicación de unas naves industriales, primero a la empresa Industrias Cárnicas, para hacer de manera verbal un subarriendo a varios vecinos del municipio, en función de un edicto de alcaldía del 27 de marzo de 1990. Más tarde, y cuando ya algunos de los adjudicatarios habían realizado determinados gastos, el alcalde habría retirado la concesión hecha verbalmente para sacar las naves a concurso y adjudicárselas de nuevo a Industrias Cárnicas, según acuerdo plenario del 30 de octubre de 1990.

José Manuel Rodríguez Navez, uno de los vecinos afectados, formuló el 8 de febrero de 1991 una reclamación de daños y perjuicios al Ayuntamiento por valor de 8.398.954 pesetas. La asociación de vecinos ha interpuesto el 14 de marzo de 1991 un recurso contencioso-administrativo contra el citado acuerdo del pleno del Ayuntamiento.

La querella vecinal contiene también la denuncia de un supuesto delito de malversación de fondos públicos referido a la desviación de 18 millones de pesetas concedidos por la Comunidad de Madrid y su utilización para el alcantarillado y pavimentación del polígono 25 de Valdetorres (El Llano), propiedad de una empresa particular, Promociones del Jarama, SA, de la que es socio el primer teniente de alcalde de Valdetorres, José Antonio de Diego. constituye, además, para los querellantes, otro delito de prevaricación.

Más datos en la auditoría

Resta, por último, conocer el resultado de la auditoría efectuada por el Tribunal de Cuentas en el Ayuntamiento de Valdetorres del Jarama, también a instancias de la asociación de vecinos de dicho municipio madrileño.

Se está a la espera de que el Tribunal de Cuentas remita su informe al Ayuntamiento, pero los vecinos, conocedores de algunos de sus entresijos, aseguran que descubre aún más irregularidades económico-administrativas en la gestión municipal de los últimos años.