El Congreso aprueba la legalización de los inmigrantes que demuestren "su arraigo"

El Pleno del Congreso aprobó ayer, con los votos a favor de todos los grupos a excepción de Izquierda Unida, que se abstuvo, una proposición no de ley del PSOE en la que se insta al Gobierno a definir su política de extranjería y a completar el proceso de regularización de inmigrantes abierto en 1985, que incluiría en esta ocasión la legalización de los extranjeros que, llegados con posterioridad a esa fecha, puedan demostrar "su inserción y arraigo".

El Pleno rechazó las enmiendas de Izquierda Unida, que hasta momentos antes del comienzo del debate mantuvo conversaciones con el secretario general del Grupo Socialista, José Beviá, para pactar la introducción de algunas de sus propuestas.El texto aprobado, además de la regularización de todos aquellos inmigrantes que, trabajando en situación irregular, puedan demostrar su inserción",solicita un mayor control fronterizo y la extensión del visado, la racionalización de la estructura admlnistrativa que gestiona la política de extranjería y acciones para la integración de los inmigrantes.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, mostró su preocupación por no haber conseguido el compromiso de los socialistas de someter al Parlamento todas las resoluciones que el Gobierno adopte en materia de regularización de extranjeros. "Es un punto esencial. Corremos el riesgo de que el Gobierno resuelva esta cuestión a base de órdenes ministeriales", afirmó Sartorius antes de entrar en el Pleno. "Si hubieran mostrado intención de contar con el Congreso, hubiéramos votado a favor, pero esto es como dar un cheque en blanco al Gobierno".

Texto insuficiente

Ya en la tribuna, el portavoz de IU manifestó que el texto tenía puntos positivos, aunque era insuficiente. En este sentido, la mayor parte de las enmiendas iban destinadas, según Sartorius, a "llenar las lagunas" de las que, a juicio de esta formación, adolece el texto socialista y, que adquieren su máxima importancia en el capítulo de la regularización.Para la coalición, la demostración de la "inserción" y el "arraigo", términos vagos de por sí, resulta difícil para un inmigrante ilegal. Queda también sin definir el destino de gran número de refugiados y asilados que han visto rechazadas sus solicitudes tras largo tiempo de espera.

Otros puntos en los que insistió IU fue en el encauzamiento de los flujos migratorios mediante acuerdos bilaterales con los países de origen, la promulgación de una amnistía para trabajadores y patronos que se acojan a la regularización, el derecho a la reagrupación familiar o la supresión de la expulsión por delitos de carácter menor.

Todos los grupos de la oposición destacaron en sus intervenciones la necesidad de poner en práctica una política solidaria y flexible, digna de un país que tiene contraída una importante "deuda histórica" al haber sido emisor de miles de emigrantes, y de resolver cuanto antes las trabas administrativas que encuentran los inmigrantes que quieren regular su situación.

Luis Corcuera, presente en el Pleno, mostró su satisfacción por la acogida del texto porque, dijo, para el Gobierno es esencial tratar esta cuestión "en un clima de consenso y en un debate desapasionado". Corcuera dijo que la resolución se definía por dos conceptos: la apertura, para canalizar la entrada de inmigrantes en la medida "que sean necesarios y asimilables" y el rigor en el fortalecimiento de las fronteras, la aplicación de visados y en la lucha contra "las minorías que practican la delincuencia"' y las redes de contratación ilegal.