El municipio barcelonés, demanda al constructor del Turó de la Peira

El Ayuntamiento de Barcelona presentó ayer ante el juez un querella contra el grupo inmobiliario Sanahuja, en la que pide una fianza de 2.000 millones de pesetas por su presunta responsabilidad en el deterioro de buena parte de las 5.000 viviendas del barrio del Turó de la Peira, construido entre los años cincuenta y sesenta. La querella. ha sido presentada cinco meses después de que el derrumbe parcial de un edificio en la calle del Cadí, en el que murió un persona, pusiera en evidencia el grave problema del cemento aluminoso.

La acusación esta dirigida contra el constructor del barrio, el empresario Román Sanahuja Bosch; su hijo, Roman Sanahuja Pons, y contra los demás responsables de las empresas Inmobiliaria Sanahuja S. A., Edificios y Construcciones Sociales S. A. y Construcciones Sociales Sanahuja S. A.

La denuncia señala que los querellados pudieron incurrir en los presuntos delitos de imprudencia temeraria con resultado de muerte, o bien de homicidio, lesiones y daños, por no haber tomado ninguna medida para evitar tal circunstancia También se señala la posibilidad de un delito de riesgo, que castiga a quienes, en la construcción o conservación de edificios, infringen las reglas de seguridad establecidas. El Ayuntamiento basa la presunción de este delito en la gran cantidad de viviendas que han tenido que ser apuntaladas, así como en el informe de una comisión técnica dirigida por el arquitecto Víctor Seguí, que recomienda el derribo de 369 viviendas.

La querella añade que los constructores del Turó de la Peira pudieron incurrir en una actividad dolosa permanente", porque eran conocedores del mal estado del barrio, la mala calidad de los materiales de construcción y el deterioro de la estructura de los edificios, que hacían posible un accidente. Por todo ello, exigen a los constructores un depósito de 2.000 millones de pesetas.

La denuncia, redactada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ha sido presentada ante la autoridad judicial cinco meses después del derribo parcial del bloque número 33 de la calle del Cadí, en el que murió Ana Rubio, de 71 años. El accidente llamó la atención sobre el grave deterioro de los edificios del barrio y alertó a la opinión pública sobre la degradación del cemento aluminoso, un material muy utilizado en la década de los sesenta.

La querella municipal se suma a otras dos ya presentadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la Asociación de Vecinos del Turó de la Peira, y se produce en un momento en el que el problema ha empezado a ser utilizado por Convergència 1 Unió, en los preparativos de la batalla electoral que se avecina.