La Comunidad se persona en el sumario de la red de corrupción de menores
La Comunidad de Madrid se ha personado como acusación particular en el sumario que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 29, Clara Perín Alegre, contra la red de corrupción de menores desarticulada el pasado mes de octubre en Madrid.La decisión de la Comunidad se debe a que varios de los siete menores de ambos sexos obligados a prostituirse estaban bajo su tulela, aunque se habían fugado de sus centros asistenciales.
Fuentes jurídicas han indicado que la instrucción del sumarío está ya muy avanzada y que la juez lo ha remitido recientemente al fiscal para que califique los hechos y, en su caso, reclame nuevas investigaciones. La juez Perín, que mantiene encarcelados a cuatro de los 38 implicados, no ha ordenado aún investigar la identidad de los supuestos clientes, cuyos teléfonos aparecen en la agenda decomisada a uno de los detenidos.
Según revelaron fuentes policiales en el momento de la desarticulación de la red de proxenetas, en la agenda figuran los números de un ex ministro y del secretario de un prelado.
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La juez mantiene en la cárcel desde octubre a cuatro de los 38 detenidos
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Cuatro de los 38 supuestos integrantes de la banda de corrupción de menores desarticulada en Madrid el pasado mes de octubre permanecen aún en encarcelados, acusados de inducir a jóvenes a la prostitución, según informan fuentes jurídicas.
Se trata de los presuntos cabecillas de la red: Santiago Rayán Fernández, de 40 años; Patrocinio Díaz Gómez, de 38; Carlos Alberto Romao, de 30 años, y Jasías Gómez de Araújo, de 25 años. Las personas mencionadas se encargaban supuestamente de preparar los contactos con la clientela. La juez que instruye el sumario ha decretado la libertad condicional de los 34 detenidos restantes, "aunque ello no supone que estén eximidos de responsabilidad", indican los citados medios jurídicos.
En el sumario consta que los implicados, la mayoría de origen brasileño, reclutaron a menores de ambos sexos -siete en total, y la mayoría fugados de casa- con objeto de concertarles contactos sexuales con personas adineradas. Algunos clientes llegaron a pagar incluso 120,000 pesetas a cambio de que el menor -como ocurrió en muchas ocasiones- se prestara a realizar actos sadomasoquistas, que incluían el derrame de cera sobre sus cuerpos.
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