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Editorial:

Reforma electoral

QUE LA democracia se aprende con su uso fue un axioma muy citado en los medios de la oposición antifranquista de los años sesenta y setenta. Tras casi tres lustros de aprendizaje democrático tal vez haya llegado el momento de dar un paso más: la democra cia se fortalece reformándose. A condición, sin em bargo, de que las reformas sean consecuencia de expe riencias prácticas y no de las obsesiones doctrinarias de unos u otros.Tras el dictamen favorable de la Comisión Constitucional del Senado, el próximo día 13 serán definitivamente aprobadas algunas reformas menores de la Ley Electoral. Varias de ellas tienen su origen en las disfuncionalidades puestas de manifiesto a raíz de las elecciones generales de octubre de 1989. El hecho de que la mayoría absoluta dependiera de un escaño en disputa ayudó a tomar conciencia de algunas imperfecciones del sistema electoral vigente (en relación a cuestiones como la actualización de los censos o criterios que aplicar en caso de impugnación de votaciones). Con las reformas planteadas se intenta también responder al deseo de no aumentar los gastos electorales mediante, entre otras iniciativas, una racionalización del calendario electoral que evite una excesiva dispersión de las convocatorias.

Esa voluntad de ahorro resulta, sin embargo, más bien contradictoria con la decisión de institucionalizar la financiación pública del envío de papeletas a los electores (mailing o buzoneo), asunto sobre cuyo principio ha existido un amplio acuerdo general, si bien el Partido Popular (PP) se ha opuesto a la fórmula concreta defendida por el resto de las fuerzas parlamentarias. Dicha fórmula garantiza la subvención íntegra del mailing con la sola condición de obtener grupo parlamentario, lo que a juicio del PP favorece a partidos como el CDS. Los populares proponían que esa financiación fuera proporcional a los votos obtenidos. Otro punto planteado por el PP que no ha prosperado se refiere a la obligatoriedad del paso de los votantes por cabinas antes de emitir su voto, a fin de reforzar las garantías del secreto del mismo.

Es lamentable que en cuestiones como éstas no se haya conseguido un acuerdo más amplio. Especialmente a la vista de la discutible razón aducida: falta de tiempo, dado que se quiere que la nueva normativa se aplique ya en las elecciones de mayo. Pero una cosa es que sea lamentable y otra que sea dramático. El desacuerdo sobre esas eventuales modificaciones no significa, como se ha pretendido desde algunas tribunas, que se haya roto el consenso sobre las reglas del juego electoral. Los rasgos fundamentales del sistema electoral, y especialmente los criterios de representación adoptados, se mantienen en los términos que han venido rigiendo desde 1977 y que fueron unánimemente ratificados en la Ley Electoral de 1985.

A su vez, si ese acuerdo básico persiste es porque las alternativas que a veces se proponen plantean tantos problemas como los que aspiran a resolver. Las principales impugnaciones al sistema vigente hacen referencia a dos cuestiones fundamentales: las distorsiones del principio de proporcionalidad derivadas de la aplicación de la regla D'Hont y de la asignación a cada circunscripción (la provincia, de acuerdo con la Constitución) de un mínimo fijo de escaños, independientemente de su población, y el alejamiento entre electores y elegidos -falta de personalización del mandato-, consecuencia en buena medida del sistema de listas cerradas y bloqueadas (por el cual las candidaturas, designadas por las direcciones centrales de los partidos, se votan en conjunto, sin poder combinar nombresde varias de ellas o cambiar el orden en que figuran los candidatos).

La dificultad es que los remedios imaginables para resolver cada uno de esos problemas agravarían el otro o harían surgir nuevos: una mayor personalización del mandato implicaría optar por circunscripciones más pequeñas, con candidaturas uninominales, pero ello significaría aumentar la distorsión global voto-escaño hasta el punto de llegar a falsear la voluntad popular; y una proporcionalidad más estricta favorecería la proliferación de pequeños partidos, a los que los juegos de alianzas otorgarían una fuerza desproporcionada a su apoyo real, con. el riesgo de distorsionar en no menor medida esa misma voluntad popular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de marzo de 1991