Condenados los cuatro acusados del 'caso Calpe' por un delito de cohecho

Inmaculada Sancho, funcionaria de la Consejería de Obras Públicas de la Generalitat valenciana; Rubén Muñoz, arquitecto y portavoz de la Comisión Territorial de Urbanismo; José Muñoz, empresario, y Juan José Ortega Gironés, agente de la propiedad inmobiliaria, han sido considerados culpables por la Audiencia Provincial de Valencia de un delito de cohecho en grado de tentativa.

El Tribunal de la Sección Primera ha condenado a los cuatro acusados en el denominado caso Calpe a pagar dos multas de 500.000 y 75.000 pesetas.El caso Calpe comenzó en el mes de noviembre de 1989 cuando el empresario Javier García denunció ante la entonces directora general de Urbanismo, la socialista Blanca Blanquer, que dos funcionarios de su departamento se habían comprometido a recalificar, para su urbanización, unos terrenos en Las Salinas de Calpe a cambio de 300 millones de pesetas. Blanquer denunció este hecho ante el fiscal jefe de la Audiencia de Valencia quien comenzó la investigación y ordenó la instalación de escuchas telefónicas a algunos de los implicados.

Esta denuncia motivó la destitución del entonces consejero de Obras Públicas, Rafael Blasco, a pesar de que éste no aparecía como implicado. Sin embargo, la investigación de la fiscalía descubrió otro escándalo urbanísfico, el denominado caso Blasco, en el que sí está acusado el ex consejero Blasco. La vista oral de este caso penal comenzará el próximo día 3 de junio.

En el relato de los hechos probados que describe la sentencia del caso Calpe, Juan José Ortega, por encargo de José Muñoz y en representación de Inmaculada Sancho y de Rubén Muñoz, le indicó a Javier García, comprador de los terrenos en Las Salinas, que los dos funcionarios estaban dispuestos a recalificar el terreno con la entrega de 300 millones de pesetas.

"Asimismo", explica la sentencia, "Juan José Ortega le indicó que el pago debía hacerse en metálico a ingresar en una caja de seguridad bancaria... y que el dinero debía estar ingresado antes de la aprobación defintiva del Plan de Ordenacíón Urbana de Calpe".

Absueltos del delito de fraude

En cuanto al delito de fraude del que les acusaba el ministerio fiscal, el Tribunal ha decidido absolver a los cuatro acusados. "Nunca pretendieron asociarse económicamente con los denunciantes, para mediante la fijación de algún porcentaje o cualquier otro baremo sobre los benecificios que se pudiesen obtener de la finca trasmitida, lograr provecho. Sino que sólo se limitaron a pedir una determinada cantidad de dinero a cambio de que el planeamiento urbanístico fuese favorable a los intereses de los compradores de la finca".La sentencia verifica la legitimidad y veracidad de las escuchas telefónicas, una de las principales pruebas, junto al testimonio del empresario Javier García. Este razonamiento responde a que los letrados de la defensa solicitaron su inconstitucionalidad e Ilegalidad. El tribunal considera que la decisión de intervenir los teléfonos no fue una medida desproporcionada ni vulneraron los derechos fundamentales a la intimidad.