Una familia denuncia a la Comunidad por derribar su casa y su negocio

Ana María Rubio Llorente ha interpuesto una querella contra Luis Molinero, jefe de servicio de Patrimonio de la Comunidad, y contra la empresa Construcciones y Contratas por los presuntos delitos de coacciones, estafa y daños como consecuencia del derribo del in mueble de su vivienda, donde su familia regentaba también un bar. La familia desalojó el edificio para que éste fuera reparado, según lo acordado con la Administración regional, pero la Comunidad, propietaria del inmueble, decidió derribarlo.

La madre de Ana María Rubio, quien ocupaba el inmueble de la calle del General Ricardos, 162, desde abril de 1945, vivía en el primer piso junto a dos hijos suyos. En la planta baja estaba el bar. Por ambos arrendamientos pagaban 37.500 pesetas mensuales gracias a un contrato firmado con la Comunidad hace un año.Tras varias conversaciones entre la Comunidad de Madrid y los inquilinos, ambas partes convinieron en que éstos acondicionarían el interior de la vivienda, mientras la Comunidad repararía la fachada, por lo que la familia desalojo de muebles y enseres el edificio. Una vez en la calle, la Comunidad cambió de opinión y decidió, según Francisco Benito, director general del Patrimonio, que la vivienda no reunía condiciones de habitabilidad, por lo que habría que derribarla, algo que contradice un informe del arquitecto contratado por los afectados.

Tirar sin previo aviso

Tras ofrecer a la familia, en compensación, una buhardilla, un local en Getafe no apto para instalar un bar y cinco millones, oferta que no fue aceptada, empleados de Construcciones y Contratas, sin previo aviso, comenzaron a derribar el inmueble. Avisada la Policía Municipal por Ana María Rubio, se paralizaron las obras, ya que no disponían de permiso.Francisco Benito asegura que el solar del edificio figura en el Plan General como zona dotacional educativa, y que la Comunidad lo necesita para construir un centro de formación profesional.

Según la querella presentada ahora por los inquilinos del inmueble, en la que se piden 40 millones de pesetas de indemnización, cuando comenzaron las obras se quitaron todas las tejas y se picaron paredes y suelos, "deteriorando cada vez más el inmueble", pero al poco tiempo se pararon, estado en el que permanecieron durante cuatro meses.