Magistrados y catedráticos de Derecho Penal piden que las drogas se vendan como medicinas

Medio centenar de jueces, magistrados, catedráticos y profesores de Derecho Penal presentaron ayer en Sevilla una alternativa a la actual política criminal sobre las drogas, que se concreta en la aplicación a los estupefacientes y psicotrópicos del control administrativo recogido por la nueva Ley del Medicamento. Esta iniciativa para la despenalización de las drogas se completa con una propuesta de modificación del Código Penal para "acomodar el ilícito penal a un sistema de legalización controlada de las drogas".

La propuesta, que será remitida a los partidos políticos con representación parlamentaria para su debate, afirma que las drogas deben ser "consideradas y controladas por las autoridades sanitarias como un medicamento más", y solicita que sea el Gobierno el que controle su producción y las distribuya libremente en centros de la red sanitaria.Entre los firmantes del documento se encuentran 22 catedráficos de Derecho Penal de los 50 que existen en las universidades españolas, como Francisco Muñoz Conde, de la Universidad de Sevilla, y José Luis Díez Ripollés, de la de Málaga. Asimismo, han suscrito la propuesta de reforma un buen número de magistrados de toda España, entre ellos los de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla y Madrid, Heriberto Asenció y Manuela Carmena; Antonio Gil Merino y José Manuel de Paúl Velasco, de la Audiencia de Sevilla; Ventura Pérez Mariño, juez de lo penal de Burgos, y Ramón Sáez, juez instructor de Madrid, todos ellos miembros de Jueces para la Democracia.

Los portavoces del grupo de juristas explicaron así su propuesta: "Lo que pedimos es penalizar solamente aquellos supuestos que impliquen la existencia de un mercado negro al margen del legalizado y controlado, de producción y distribución de todo tipo de sustancias por el Estado. Todas aquellas conductas que sean llícitas desde el punto de vista de la Ley del Medicamento entrarían en el ámbito penal". simismo, la iniciativa hace especial mención de la protección necesaria para sectores de la sociedad como los menores y enfermos mentales.El documento aprobado resume en ocho ideas las 20 modificaciones propuestas a la Ley del Medicamento, bajo cuya legislación pretenden que se incluyan los estupefacierites y psicotrópicos. En primer lugar, se propone la "supresión de toda referencia a la persistencia de una legislación específiÍca sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas" y la ampliación del ámbito de actuaciones de los medicamentos, más allá de la indicación terapéutica o análoga, a la extraterapéutica, consistente en la obtención de un determinado bienestar corporal o mental, por lo demás ya recogido esencialmente en el propio concepto de medicamento de la ley".

Se solicita igualmente la eliminación de alguna referencia, demasiado estricta incluso para medicamentos en general, a los riesgos que pueden asumirse", y el "desarrollo de un sistema controlado de dispensación sin receta, distinguiendo entre el Cannabis y sus derivados, y los restantes estupefacientes y psico trópicos". Los juristas firmantes estiman que drogas como el hachís deben suministrarse de la misma forma y con el mismo control que el tabaco o el alcohol. Por ello piden también la exclusión de publicidad de todas estas sustancias y productos.

Por último, se propone incluir en la ley la "confidencialidad de los datos personales legalmente obtenidos de los usuarios de estas drogas; el desarrollo de programas específicos de formación de profesionales y de información, educación, prevención y deshabituación de los usuarios y público en general, además del establecimiento de un sistema de precios moderadamente desincentivadores y exentos en todo caso de ayuda o financiación pública".

Respecto a la propuesta de reforma del Código Penal, el documento aprobado propone la modificación del artículo 344 y siguientes del citado texto, referentes al delito contra la salud pública. Una vez consideradas medicamentos legales algunas de las actuales drogas penalizadas, esta reforma supone en su conjunto otorgar un trato más duro a la infracción del sistema administrativo de control cuando se trate de medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, a diferencia del resto de medicamentos.

El objeto material en estos supuestos se limitaría, según la propuesta, a las drogas denominadas duras, aceptando la división que viene haciendo de ellas la jurisprudencia. Y se eliminaría la referencia a "drogas tóxicas", por innecesaria.