Contra los fraudes

EN EL caso del fraude de las falsas peonadas es evidente que no merece la misma consideración el jornalero que recurre a esta práctica, bien por necesidad, bien por picaresca, que la autoridad que la consiente o fomenta aunque sólo sea por omisión. Y no sólo por las mayores responsabilidades que le incumben a esta última en el cumplimiento de la legalidad; también por las implicaciones políticas y las sospechas de que tal práctica sea un medio para la captación de votos, manipulando con ello la libre expresión del sufragio.Por eso es políticamente destacable el acuerdo alcanzado por los responsables del Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO para poner en circulación un tipo de cartilla agraría que dificulte al máximo el fraude en la percepción del subsidio a cargo del Plan de Empleo Rural (PER). Tal iniciativa, aunque no consiguiera plenamente su objetivo, muestra la voluntad institucional de no transigir ante una práctica que, al margen de su ilicitud, contribuye a enrarecer el clima político allí donde se produce.

Esta actitud de rechazo contra el fraude, compatible por lo demás con la de máxima flexibilidad en el acceso de los trabajadores al subsidio agrario, es la que siempre deberían haber mantenido sin equívocos autoridades y sindicatos. Los casos particulares de fraude son materia de los tribunales de justicia, que no podrán dejar de tener en cuenta las circunstancias personales y sociales en que se han producido. La impunidad de cualquier tipo de fraude, también el del empleo rural, no puede ser consentida desde las instancias públicas. De ahí que sea inadmisible, al margen de su motivación paternalista, la actitud benevolente mantenida por la Inspección de Trabajo hasta 1987 frente a las anomalías e irregularidades del PER.