La reforma agrícola divide a los países del norte y el sur de la CE a la baja de los tipos

La división entre los intereses enfrentados del norte y el sur de la CE fue el resultado del primer análisis por parte de los ministros de Agricultura de la CE sobre el proyecto de reforma agrícola presentado por la Comisión Europea. Todos aceptan la necesidad de efectuar cambios para poner fin a la sangría presupuestaria por el aumento imparable de los gastos agrarios, pero los del norte se niegan a perder los privilegios de una política agrícola común (PAC) orientada a primar las explotaciones grandes e intensivas. El ministro español Carlos Romero mostró su oposición a aceptar cualquier medida de reforma de los mercados antes de que las compensaciones estén en marcha.Los ministros de Agricultura de los Doce, después de dos días de discusiones, se negaron ayer a vincular la reforma de la (PAC) con las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT. El acuerdo unánime fue mantener la propuesta inicial del pasado 6 de noviembre, consistente en recortar un 30% las subvenciones al campo.

Los Doce olvidan incluso la oferta de flexibilización que la Comunidad hizo el 6 de diciembre, en un intento inútil de evitar el fracaso con que concluyó la conferencia ministerial de la Ronda de Uruguay el pasado 7 de diciembre en Bruselas. La reforma de la PAC, según la opinión mayoritaria, llevará un año y nadie quiere que la ligazón de este tema con el GATT sirva para meter prisa.

Según responsables comunitarios, esta cerrazón abre un conflicto político. El acuerdo del GATT es la máxima prioridad de EE UU -intransigente en su exigencia de que la Comunidad recorte un 75% sus subvenciones- para evitar que una guerra comercial rompa el frente creado ante el conflicto del Golfo.

Más que por el GATT, la reforma de la PAC se convierte en indispensable porque "desde 1973 la producción agrícola de la CE ha aumentado un 2% por año, mientras el consumo interno sólo ha crecido un 0,5%". Este desfase ha originado la acumulación crónica de excedentes, cuya financiación costará este año 485.000 millones de pesetas al presupuesto comunitario.

La Comisión reconoce la inutilidad de la política de topes establecida y la injusticia de la financiación, que favorece a las grandes explotaciones más rentables y, sobre todo, a los principales operadores de los mercados. Los pequeños agricultores son los grandes sacrificados.

Los países del norte, especialmente Gran Bretaña, Holanda y Francia se niegan a ver reducidos los privilegios de sus explotaciones más rentables. Los del sur -España, Grecia, Portugal e Irlanda - apoyan la nueva filosofía, pero se niegan a aceptar cualquier rebaja en precios garantizados y cuotas de producción antes de que estén en marcha las compensaciones prometidas.