Un juez reconoce "infracción penal" en el pago de las nóminas de la cárcel Sevilla 2

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha dictado un auto en el que reconoce la existencia de una "infracción penal" en torno a un presunto desvío o malversación de los fondos destinados mensualmente a satisfacer las nóminas de los funcionarios de la prisión Sevilla 2. La titular del juzgado, María Auxiliadora Echavarri García, ha decretado, no obstante, el sobreseimiento provisional de la denuncia, presentada por la casi totalidad de la plantilla de la prisión sevillana, por entender que no existen "motivos lógicos" para atribuir la autoría de la infracción.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias informaron ayer que todo se debe a un desfase en el pago de las nóminas de la prisión Sevilla 2 y el hospital penitenciario, que antes se pagaban juntas y ahora por separado.La denuncia de los funcionarios se produjo después de que el pasado día 4 de diciembre la entidad bancaria La Caixa informara mediante una carta dirigida al administrador de la prisión de la "reiterada situación de descubierto que desde el pasado mes de marzo se viene produciendo en la cuenta corriente de la institución, y que en la actualidad alcanza un importe de 57 millones de pesetas". El delegado de la entidad bancaria en Sevilla, Francisco Rodríguez Wert, añadía en la carta, expuesta en el tablón de anuncios de la prisión, que los descubiertos de fondos se producían mensualmente y que, en el mes de noviembre de 1990, había llegado a prolongarse por espacio de 27 días.

Los funcionarios de la prisión sevillana, representados por la Unión Sindical Obrera (USO) y la Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (Acaip), aseguran que ni el director ni el administrador de la prisión han explicado nunca las razones de la situación irregular y que "los protagonistas de esta actuación punible están jugando con los 73 millones de dinero público destinados a la nómina mensual".

Los funcionarios denuncian igualmente que el día 8 de noviembre de 1990 el Banco de España transfirió a la cuenta de la prisión Sevilla-2 la cantidad de 579.000 pesetas para una serie de funcionarios y que la operación no se realizó hasta pasados más de 30 días.

Los trabajadores, que han recurrido el sobreseimiento, consideran que la jueza Echavarri "no ha practicado todas las diligencias solicitadas" y que, por tanto, "no es posible afirmar la imposibilidad de atribuir la infracción punible, que sí reconoce en el auto dictado, a persona alguna".

El administrador de la prisión, Rufino García Sánchez, declaró ayer que "las irregularidades no son culpa de los directivos de la cárcel y se deben exclusivamente a retrasos en las asignaciones presupuestarias que se nos transfieren".