"¡Es delirante, delirante!"

"¡Es delirante, delirante! ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Dejar de trabajar?, dice Marta P., resumiendo las dificultades que tiene para que su madre, de 84 años y aquejada de demencia senil, sea atendida en un centro asistencial. Marta, hija única, médica y profesora en un centro especializado, acaba de comprobrar que el hecho de que su madre tenga una hija con ingresos económicos le sitúa "fuera de los baremos establecidos para optar a alguna de las residencias públicas que hay en Madrid", según le explicó una asistente social, después de presentar toda la documentación necesaria.Esta negativa es sólo una más de las zozobras que amenazan en España a los familiares de una persona anciana y enferma. En una primera etapa, Marta contrató una enfermera que cuidaba a su madre hasta que ella regresaba del trabajo, pasadas las diez de las noche; cuando su estado su agravó, encontró una residencia privada que por el módico desembolso de 100.000 pesetas mensuales se comprometía a atender a ancianos inválidos. Al poco tiempo, empezó su peregrinar por varias clínicas para intentar remediar las consecuencias del trato que le dieron en la residencia.

"Un día la encontré con un pie vendado. La semana siguiente me acompañó un amigo médico y, cuando vio las llagas que tenía, me recomendó que la llevara lo más rápido posible a un hospital. En la clínica Puerta de Hierro nos dijeron que no había camas para ingresarla. La admitieron en una clínica privada, pero tuve que contratar a dos enfermeras -una por la mañana y otra por la tarde-, porque el centro no asumía la atención que requieren estos pacientes. A las dos semanas le dieron el alta y contraté entonces", explica, "otra persona para que la acompañara en la residencia durante las horas de la comida".

Deber filial

Cuando un mes más tarde su madre entró en coma como consecuencia de una grave desnutrición, Marta ya no intentó buscar cama en un hospital público, y se fue directamente al centro privado. "Varios amigos me prestaron dinero para todos los gastos -casi dos millones de pesetas entre los dos ingresos-, y ahora está en una residencia que me cuesta gran parte de mi sueldo, pero parece que está bien cuidada".

"Según parece, no tiene derecho a que la atiendan en un centro público, y deduzco, por tanto, que, en estos casos que necesitan una atención constante, los hijos debemos dejar de trabajar para poder cuidarles. Es de locos, de locos", concluye. Fuentes del Insalud reconocen que en los hospitales públicos no suelen ingresar pacientes con demencia senil. "Depende de unos centros u otros; es, ante todo, un problema social", dicen.