El juez Márquez cita a dos altos cargos de Sanidad por el 'caso Juan Guerra'
Ángel Márquez, el juez de Sevilla que Instruye el caso Juan Guerra, interrogará la próxima semana a dos altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) acerca de un presunto delito de malversación de fondos públicos. El juez Márquez pretende clarificar por qué el SAS, "contraviniendo una resolución del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)", pagó a la clínica privada sevillana Litomed, SA, "más dinero del establecido legalmente por el tratamiento de enfermos con cálculos de riñón", según han informado fuentes judiciales.Aún no está cuantificado el montante de la supuesta malversación, aunque estas fuentes sostienen que sobrepasa los 15 millones de pesetas. Los citados medios señalan que Juan Guerra intercedió ante el SAS para que fueran remitidos a Litomed pacientes renales de la Seguridad Social.
Uno de los dos altos cargos que van a ser interrogados, Pedro San José Garces, fue destituido la pasada semana como director de la oficina regional de gestión y demanda del SAS. Fuentes de la Consejería de Salud desvincularon ayer el cese con el caso Guerra. El juez Márquez también ha citado a declarar, para pasado mañana, lunes, a Manuel Gómez, interventor del SAS.
Envío de enfermos
Los hechos objeto de la investigación datan de 1988, cuando el SAS estipula con Litomed pagarle 350.000 pesetas por el tratamiento de cada enfermo precisado de litotricia (sistema que elimina de forma indolora los cálculos de riñón).En un primer momento, Litomed trató sin éxito de que el SAS le enviase enfermos con problemas de riñón. Según fuentes judiciales, el SAS empezó a remitir enfermos a Litomed tras las visitas que realizó en 1988 Eduardo Sánchez Rodríguez, accionista de Litomed, al despacho de Juan Guerra. La parte del libro de visitas que ha aparecido revela que Eduardo Sánchez visitó el despacho de Juan Guerra más de una veintena de veces.
Respecto a la supuesta mediación de Juan Guerra ante el SAS, San José declaró hace varias semanas a este periódico que él jamás había tenido relación "directa ni indirecta, ni telefónica ni personal" con el hermano del vicesecretario general del PSOE. También ha matizado que él se limitó a cumplir su labor como director de la oficina de gestión y demanda de acuerdo con los criterios de sus jefes.
Por otra parte, el juez accidental de la localidad gaditana de Barbate, Fausto Garrido González, citará a declarar a Juan Guerra por la querella presentada contra él por prevaricación por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, así como contra el actual alcalde de esta población, Francisco Tamayo; el anterior, Serafín Núñez, y otros dos concejales más, miembros de la comisión de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, según informa desde Cádiz.
