El fiscal considera delictiva la actuación de HB ante los empresarios de la autovía

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Luis Navajas, considera que dos dirigentes de Herri Batasuna (HB) pudieron cometer un delito de coacciones o amenazas en las visitas que realizaron en diciembre a varios empresarios vascos. Los constructores, adjudicatarios del proyecto de la autovía Irurtzun-Andoáin, se negaron a comenzar las obras en Guipúzcoa tras una serie de reuniones en las que se les llegó a decir: "Antes de que la autovía pase por Leizarán, habrá muertos".

Jokin Goristidi, parlamentario de HB, y José María Olarra, miembro de la Mesa Nacional de esa formación política, son las personas que, según el fiscal, presuntamente coaccionaron y amenazaron a los representantes de las empresas que debían comenzar el 7 de enero los trabajos de la autovía en el tramo guipuzcoano. HB envió durante diciembre a cinco de sus dirigentes (Iñaki Esnaola, Rufino Etxebarría, José Luis Elkoro, Jokin Goristidi y José María Olarra) para que hablasen con los constructores. A Fines de ese mes, HB convocó una reunión en su sede de San Sebastián que cambió la decisión de los empresarios.El fiscal Navajas cree que las amenazas de HB se sucedieron tanto en las entrevistas personales como en la última reunión, según se desprende de las declaraciones de los representantes de las empresas. Navajas asegura que "en las reuniones se vertieron frases y actitudes que pudieron resultar decisivas para que los empresarios tomaran la determinación de no iniciar las obras".

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, Andreu Merelles, ha abierto una causa pena¡ contra Jokin Gorosridi y José María Olarra, tras haber recibido el informe del fiscal jefe en el que Navajas aprecia "indicios racionales de criminalidad" en el transcurso de las visitas de los dirigentes de Herri Batasuna.

Gorostidi rechaza las apreciaciones del fiscal y cree que la decisión de éste responde "a las presiones políticas ejercidas por los partidos del pacto".

El consorcio de empresas que iba a construir el tramo guipuzcoano de la autovía anunció ayer su disolución tras resolver el contrato con la Diputación Foral de Guipúzcoa, que les devolverá los 350 millones de pesetas que las industrias habían depositado como fianza. La Diputación queda así libre para encargar las obras a otras compañías. Rafael Juristo, portavoz del consorcio, declaró en una conferencia de prensa que las visitas de los dirigentes de HB causaron "perplejidad" a los empresarios, pero negó que existieran amenazas, informa Efe.

Por otra parte, ETA se ha responsabilizado de 12 atentados cometidos entre el 20 de diciembre y el 9 de enero, en un comunicado publicado ayer en el diario Egin.