La huelga del Metro se complica con la sanción a 250 conductores

La dirección del Metro ha establecido 250 sanciones a conductores y ha incoado expedientes a 600 (algunos de ellos han recibido hasta cuatro), lo que ayer hacía presagiar que la huelga del Metro de Madrid no va a encontrar una solución rápida. Las posturas de las dos partes en litigio se definen como pesimistas y se acusan en términos de firmeza e intransigencia. El presidente del Metro, Guillermo Vázquez, consideró ayer la huelga como "un claro desafío a las normas vigentes" y lamentó que los trabajadores no hayan cumplido los servicios mínimos acordados por la empresa, siempre por encima del 50%. Vázquez dijo que este es el motivo por el cual se han impuesto las sanciones y se han enviado 1.700 cartas de preguntas.

Como respuesta, los trabajadores han añadido a la convocatoria de paros de dos horas, durante tres turnos (de 6.30 a 8.30, de 17.00 a 19.00 y de madrugada) entre el 14 y el 18 del presente mes, 14 días más desde el 21 de enero hasta el 3 de febrero, pero con una hora más de duración.

Ocho reuniones

El presidente del Metro aseguró que 65 de las sanciones acordadas (ocho días de suspensión de empleo y sueldo) se están cumpliendo, algo que reconoce el sindicato, y avanzó que los expedientes formulados continúan su tramitación y que de reincidir se puede llegar a los despidos. De llegar a ello, los conductores amenazan con paralizar todos los trenes. La dirección ha enviado escritos al comité para aclarar responsabilidades y ha fijado el acto de conciliación para el día 23 de enero. Si en este plazo no se encuentran resultados, la empresa presentará una demanda por daños contra el sindicato.La postura de la empresa en la negociación, tras ocho reuniones, reitera la oferta de niveles salariales para todas las categorías basados en abonar las 200.000 pesetas anuales reclamadas por los trabajadores como incremento de sus salarios brutos en tres años a cambio de ocho medidas de mejora de la productividad.

El Sindicato de Conductores, según señaló ayer su portavoz, Javier Gómez, no acepta esta propuesta porque significa regresar al punto de partida de antes de la huelga de marzo del año pasado. Entonces, para resolver los paros, se llegó al acuerdo de pagar un aumento de 50.000 pesetas anuales que la empresa no considera ahora válido porque posteriormente se firmó un convenio colectivo. Según esta versión, el convenio anula otros pactos e incluye este dinero en el salario (1.850.000 pesetas anuales). La empresa plantea, para una posible resolución del conflicto, dos alternativas: un arbitraje o resolver en Magistratura.