La Fiscalía se querella contra Usera y Morenés por falsedad documental en el 'caso Repsol'

La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra el presidente y el consejero delegado de la Sociedad Instrumental de Agentes de Cambio y Bolsa Usera y Morenés, Luis Usera Cano y Antonio Morenés Giles, respectivamente, a los que acusa de falsedad documental en el proceso de salida a Bolsa de la empresa pública Repsol según Servimedia.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en su día propuso una sanción de 33 millones de pesetas a la sociedad, verificó que Usera y Morenés utilizó personas interpuestas para canalizar 484 peticiones de suscripción de acciones de la empresa pública que afectaron a 114.442 títulos. Su posterior venta reportó a la sociedad un beneficio de 6,6 millones de pesetas. EL PAÍS intentó ayer recabar la opinión tanto de Luis Usera como Antonio Morenes, sin conseguirlo.La Comisión de Valores que preside Luis Carlos Croissier remitió en su día las actuaciones sobre la sociedad a la jurisdicción ordinaria por si de las mismas se pudieran derivar responsabilidades penales, así como a la Dirección General del Tesoro, organismo encargado de determinar las responsabilidades administrativas del agente de cambio y bolsa, Luis Usera, quien actuó como agente aplicador en el proceso de colocación de acciones de Repsol.

La fiscalía madrileña que encabeza Jesús Silva ha considerado ahora que la acción llevada a cabo por los responsables de Usera y Morenés -compra de títulos de Repsol a nombre de personas que no tenían conocimiento de la operación- está tipificada en el Código Penal como un delito de falsedad en documento mercantil, de acuerdo con los artículos 302 y 303. Las actuaciones de Luis Usera Cano y Antonio Morenés Giles fueron especialmente graves en el caso de éste último por su condición de agente de cambio y bolsa.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la CNMV, del total de peticionarios presentados en su día por Usera y Morenés, todos ellos incluídos en el tramo minorista de la colocación -sin posibilidades de adquirir más de 23.599 títulos-, 162 negaron haber dado orden de compra alguna, mientras que 161 no pudieron ser localizados en los domicilios que fíguraban en la lista elaborada por la soc¡edad.

Jornaleros de Cádiz

En la lista de suscriptores figuraban jornaleros gaditanos de una explotacion agraría, clientes de Luis Usera y empleados de una sucursal madrileña del Banco de Alicante.La venta de los títulos conseguidos por Usera y Morenés a clientes internacionales se produjo, mediante aplicación, a un tipo de colocación del 340% que reportó a la sociedad en concepto de comisiones más de seis millones de pesetas y determinó la sanción de 33 millones, el quíntuplo del beneficio obtenido por parte de la CNMV. Los títulos tuvieron como destino sociedades diversas como Alliance Capital Management Ltd (52.942 acciones), Societé General de Paris (20.000), Banco Exterior de Suiza (15.256) y Assicurazloni Generali (12.500) entre otras.

La Sociedad Instrumental Usera y Morenés desapareció como tal a mediados del pasado año. Bancapital, del grupo Mercapital, adquirió el 40% de la sociedad y casi al mismo tiempo, se procedió a la renovación total del consejo de administración de la nueva sociedad, constituída con el nombre de Valgest.

Ni Luis Usera ni Antonio Morenés figuran actualmente en el consejo de administración de Valgest. Sin embargo, continúan participando en el capital de la sociedad con un porcentaje que suma el 50% del capital.

Expedientes

Según un portavoz de Valgest "ni Luis Usera ni Antonio Morenés participan en la gestión o la estrategia de la nueva sociedad y de hecho, no han aparecido fisicamente por las oficinas de Valgest desde que se llevó a cabo la operación de venta".Además de Usera y Morenés, otras cuatro sociedades de íntermediación se han visto investigadas por la Comisión de Valores y sancionadas por irregularidades en el proceso de salida a bolsa de Repsol en febrero de 1989.

La primera fue la filial española de la estadounidense Drexel Burriham Lambert, a la que se impuso una sanción de 65 millones de pesetas. Posteriormente, fueron expedientadas las sociedades Maxwell y Espinosa (59 millones de pesetas de sanción), Eurocapítal y Camino Sur, una sociedad de cartera del grupo vasco Arania.