El nuevo traje europeo de Canarias

La decisión adoptada por la Comisión Europea sobre Canarias, al dar luz verde al régimen de integración plena de las islas solicitado por España, pone fin, a falta del acuerdo definitivo del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea (CE), a un modelo de adhesión especial que en la práctica convertía al archipiélago en un país tercero respecto a la Europa de los Doce. El Gobierno autónomo concentra ahora sus esfuerzos en lograr que la CE eleve, como mínimo, a 12.000 millones de pesetas las ayudas para la reconversión agrícola, industrial y agroalimentaria, frente a los 3.700 millones que ha concedido de momento, según anuncié el consejero de Economía y Comercio, Luis Hernández.

Las islas dispondrán de zonas francas comunitarias, según la decisión de la CE, que, junto a las zonas especiales off shore previstas por Madrid, permitirán importantes ventajas arancelarias y fiscales. El acuerdo de la CE, que establece un periodo de 10 años para culminar el proceso, será ahora estudiado por los distintos países miembros, que deberán aprobarlo por unanimidad en un Consejo de Ministros durante el próximo semestre, bajo presidencia luxemburguesa.El nuevo modelo podrá costar a las islas alrededor de 1.000 millones de pesetas anuales hasta 1993, por la adaptación a la Unión Aduanera. El impacto definitivo en el bolsillo de los ciudadanos se sabrá cuando se elabore, antes de diciembre próximo, el reglamento específico sobre abastecimiento, que precisará las importaciones para el consumo que serán subvencionadas. Esta pieza es clave, porque hasta ese momento no se sabe qué va a pasar con el vino, los quesos, los derivados de la carne y otros productos básicos.

Canarias había renunciado en diciembre pasado en el Parlamento regional, por amplia mayoría, al estatuto que había obtenido en el momento de la incorporación de España a la CE, en enero de 1986. Las dificultades que entrañaba convencer entonces a Bruselas de la necesidad de otorgar un tratamiento específico a esta comunidad autónoma insular se constituyó en un escollo de las negociaciones y hasta provocó retrasos de última hora en la rúbrica final.

Virulencia política

Para mayor tensión, el Parlamento canario rechazó posteriormente las condiciones para el ingreso del archipiélago en la CE. Era tal el grado de virulencia política sobre esta cuestión en las islas que el voto negativo de la Cámara provocó la dimisión del presidente del Gobierno autónomo, el socialista Jerónimo Saavedra. A la crisis siguió un pacto de progreso, que sirvió para recomponer el Gobierno.

El primer planteamiento de Canarias, hace cinco años, fue defender a ultranza su régimen económico fiscal (REF), compendio de las singularidades que han regido a lo largo de más de un siglo el modelo de libertad comercial característico de un territorio puertofranquista. Aquel primer impulso reivindicativo del REF como unos fueros canarios se plasmó, tras un agitado debate entre importadores e industriales, en el protocolo segundo del Tratado de Adhesión de España a la CE. Sobre el papel salió ganando en 1986 el sector servicios, al quedar las islas fuera de la Unión Aduanera y por tanto, del área de aplicación común del impuesto sobre el valor añadido (IVA), auténtico terror de los empresarios. Era tanto como no pertenecer, de hecho, a la CE. Los grupos económicos arraigados en el comercio y la importación dieron un respiro, mientras la industria y la agricultura, pusieron el grito. en el cielo.

Las exportaciones agrícolas (tomates y flores, principalmente) quedaron sometidas a contingentes y a precios de referencia. Es decir, la CE estableció límites a los envíos de productos desde las islas, que podrían suponer, en opinión de este sector, una muerte lenta de la agricultura. El citado protocolo segundo excluía a las islas de la política agraria común (PAC) y la política común de pesca (PCP). Paradójicamente, las exportaciones canarias quedaban en desventaja frente a las del resto del país, lo que explica que en el Parlamento regional se desestimara el acuerdo, por considerarlo fruto de una mala negociación. Este precio político tocó pagarlo al Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), entonces en el poder en Canarias y Madrid. Cinco años después, desde la oposición, ha respaldado decisivamente la iniciativa del actual pacto de centro-derecha y nacionalista a favor de la plena incorporación a la CE.

Cambio de postura

El cambio actual de postura a favor de reforzar la integración,según el lenguaje de los documentos de la Comisión Europea, se debe a una inteligente campaña del sector agrícola, que ha logrado dar la vuelta a la tortilla. La estrategia de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga) en las dos provincias canarias consiguió atraer a sus puntos de vista a las fuerzas políticas más importantes (PSC-PSOE, CDS, Agrupaciones Independientes de Canarias -AIC- y PP) para modificar el estatuto comunitario. Esta vez el modelo propuesto por el Parlamento canario y asumido por los Gobiernos autónomo y central se decanta a favor de la agricultura (el 8% del PIB), pero trata, al mismo tiempo, de salvar las especialidades comerciales y fiscales de las islas. La nueva fórmula, que en la práctica supone optar por una plena integración a la isleña, es decir, con marcadas diferencias, ha sido bien vista desde el primer momento en Madrid. El comisario español Manuel Marín, directo negociador de aquel protocolo segundo aún vigente, no ha disimulado nunca la conveniencia de acercar el régimen canario al del resto del país.