Cuestión de 'zapatos'

EL INSTITUTO Cervantes, destinado a difundir y promover la lengua española en el mundo, está a punto de convertirse en una realidad. El peso demográfico del castellano, su densidad cultural y la propia demanda internacional de enseñanza de un idioma que avanza en todo el mundo, y especialmente en Norteamérica, aconsejaban desde hace ya muchos años una acción decidida por parte de la Administración.Empeño que no debe limitarse a la promoción por esos mundos de una red de escuelas de idiomas especializadas en la enseñanza del castellano. Si de esto se tratara, el Estado español no necesitaría poner en marcha una institución pública y una compleja organización administrativa y humana. Bastaría seguramente con la firma de convenios y contratos con academias e instituciones privadas. De lo que se trata es de promocionar la cultura española, la variedad específica del español que se habla en España, y a la vez, de cumplir el mandato constitucional que encarga al Estado la preservación y promoción del patrimonio cultural y lingüístico común de todos los españoles, dentro del cual deben contemplarse las lenguas oficiales en varias comunidades autónomas, como el gallego, el euskera y el catalán.

Así lo entendió un alto funcionario del Ministerio de Cultura cuando aseguró hace escasas semanas que los estatutos del Instituto Cervantes no excluirían la enseñanza de las otras lenguas españolas. No lo ha visto así, sin embargo, el máximo responsable de los temas culturales dentro del PSOE, el diputado catalán Salvador Clotas, quien ha sentado doctrina sobre la exclusiva dedicación del Instituto Cervantes a la lengua castellana y la eliminación tanto de las otras lenguas como de la promoción de la cultura española en general. Clotas ha asegurado en el debate sobre e lproyecto de ley en el Congreso que la importancia Internacional del castellano requería confeccionar "unos zapatos a medida", imagen que ha suscitado la justa reacción de un nacionalista vasco asegurando que los otros se quedarán descalzos.

Nada justifica realmente las limitaciones que ahora pretenden imponer los socialistas a lo que en su origen era su propio proyecto. Ni el ejemplo de otros países vecinos que realizan una eficaz promoción cultural en la que la lengua es una pieza fundamental, pero no la única. Ni el mandato constitucional que contempla una España plural. Ni razones prácticas, como es la capacidad multilingüe nada inusual de muchos universitarios españoles, que lleva con frecuencia a encontrar por esos mundos enseñanzas de gallego o de catalán en departamentos de español. Es una pena que unos pocos consigan torcer el buen rumbo del fértil diálogo de las lenguas abierto en España gracias a la actual Constitución. Cabe esperar que en el próximo trámite, en el Senado, se resuelva este desgraciado entuerto.