La nueva ley de renta incluirá medidas contra el fraude pero excluirá la regularización

La reforma fiscal que el PSOE ha empezado a consensuar con cuatro grupos de la oposición parlamentaria -entre los que no se encuentra de momento el Partido Popular- incluirá un paquete de medidas para reforzar la lucha contra el fraude fiscal. La nueva ley de renta, que los socialistas quieren aprobar en primavera, no incluirá, sin embargo, la regularización fiscal. "Se produzca o no esa regularización, no será con la ley de renta", han asegurado fuentes del PSOE. Los cinco grupos del pacto fiscal aprovecharán el mes de enero para analizar las enmiendas que pueden consensuar en el debate de la comisión.

La habitual inactividad parlamentaría del mes de enero tendrá esta vez una excepción, pues es en esas semanas cuando el PSOE negociará con 'Izquierda Unida (IU), el Partído Nacionalista Vasco, Convergéncia i Unió y el Centro Democrático y Social las modificaciones a los proyectos de ley de renta y patrimonio que pueden hacer posible el consenso tras los prímeros pasos hacia el acuerdo iniciados este jueves, cuando el PSOE incluyó una docena de enmiendas de la oposición en el dictamen de la ponencia.En enero, los cuatro grupos del denominado bloque constitucional junto con Izquierda Unida tendrán una serle de reuniones, con y sin los responsables de Hacienda, para acercar posiciones con vistas al inicio, en febrero, del debate en. comisión.

Media docena de cuestiones propias de los proyectos de ley ya están sobre la mesa. A esto se suma una petición de Izquierda Unida que ha sido bien acogida por el PSOE y por el equipo económico del Gobierno la inclusión, como anexo de la reforma fiscal, de un aquete de medidas para reforzar cl cerco a la lucha contra el fraude Fiscal. El principal problema de la reforma, para IU, no es tanto el tratamiento que se prevé para los que ya pagan, sino su posible discriminación frente a los que continúan sin pagar.

Cheques al portador

Este paquete de medidas podría incluir una de las demandas que realizó el diputado del grupo de IU Ramón Espasa durante el debate de totalidad de la reforma. En concreto, IU pidió una modificación de la ley cambiaría y del cheque para que este instrumento de pago, si supera el millón de pesetas, deba obligatoriamente ser ingresado en cuenta corriente".

La Administración, a propuesta del Grupo Socialista, está estudiando también cómo pueden articularse modificaciones de la regulación general de los cheques al portador, de los cheques bancarios (o talones de puño) y de los contratos privados de compra-venta de pisos, ya que los defraudadores han empezado a utilizar estas figuras del habitual tráfico mercantil para la negociación con dinero negro.

Este paquete de medidas contra el fraude intentará compensar la pérdida de recaudación prevista con la reforma. Según los datos que Hacienda ha facilitado a los grupos parlamentarios, ese coste asciende a 390.000 millones de pesetas. Esto significa que si los proyectos de ley, con las modificaciones introducidas en el dictamen de la ponencia -que se cerró el jueves con el consenso de estos cinco grupos políticos-, entraran en agor el próximo año, Hacienda recaudaría 390.000 millones menos de lo que prevé con las actuales leyes. El segundo objetivo "irrenunciable", para Izquierda Unida, como nuevo socio del bloque constitucional para el pacto fiscal, es que se ponga un límite a ese coste en unos 400.000 millones de pesetas.

Con esta idea, IU rechaza la propuesta de los dos partidos nacionalistas y del CDS de eliminar la imputación en renta de algún porcentaje del valor catastral de la vivienda. Ese porcentaje es ahora del 2%, y el Gobierno pensaba reducirlo al 0,75% con la puesta en marcha de los valores catastrales ahora suspendidos, con el objetivo de garanlizar la neutralidad global de la revisión. Los otros tres grupos políticos (CDS, CIU y PNV) defienden que se elimine esta imputación.

El tratamiento de las plusvalías es otro de los aspectos en los que el PSOE tendrá que buscar un punto medio de acuerdo dentro del arco parlamentario con el que quiere alcanzar el consenso. CIU, el CDS y el PNV pretenden la exoneración fiscal de todas las plusvalías que se reinviertan, propuesta que no cuenta con el apoyo inicial del PSOE e IU.

La longitud de los plazos para que las plusvalías queden exentas es otro de los aspectos a debate, pues cuanto menor sea el plazo más blando es el trato fiscal de las mismas. Los bienes mmuebles, por ejemplo, quedan exentos de plusvalías a partir de los 20 años de tenencia según el proyecto de ley, que es el plazo que había hasta hace poco en Francia y que ahora se ha alargado hasta 30 años, para limitar un poco más la compra especulativa de viviendas.

La discusión de los incentivos al ahorro puede ser otro de los aspectos de dificil consenso. Los grupos de centro-derecha consideran que el plan de ahorro popular y la exención de las primeras 25.000 pesetas de intereses -que propone el texto actual del proyecto de ley del IRPF- no son suficlentes. La escasez de estos incentivos es también una de las críticas más duras del Partido Popular a la reforma.

Solchaga y Borrell han mostrado su escepticismo sistemático a la efectividad de los incentivos fiscales para que aumente realmente el ahorro; una crítica a la que se une su preocupación por cualquier pérdida adicional de recaudación. Según las estimaciones de Hacienda, una elevación del mínimo exento de mtereses desde las 25.000 a las 50.000 pesetas anuales costaría, en pérdida de recaudación, unos 50.000 millones de pesetas.

La recaudación será también el centro de gravedad de la discusión sobre la cuantía de las deducciones en la cuota. Todos los grupos se inclinan aquí por la generosidad y dejan a Hacienda el papel del avaro.