Desacuerdo de los juristas con la validez de la fecha para las elecciones autonómicas

Juristas expertos en cuestiones autonómicas y alejados actualmente de la política consideran que las próximas elecciones territoriales corren peligro de ser declaradas inconstitucionales si se mantiene la fecha prevista del 26 de mayo.

La mayoría de los especialistas consultados por este periódico coincide en este punto con una comunicación aprobada por el Gobierno aragonés y enviada a sus Cortes regionales; con las opiniones de algunas fuentes de la propia Administración central y de los Gobiernos autónomos, y con expertos de partidos regionalistas que ya advirtieron recientemente esta circunstancia.Estas opiniones -algunos de cuyos autores prefirieron no ser citados- parten de que los actuales parlamentarios autonómicos fueron elegidos para un mandato de cuatro años, y sus estatutos no prevén la disolución anticipada de las respectivas Asambleas. El PSOE, el PP, el CDS, CiU y el PNV pactaron el pasado mes una reforma de esos estatutos para fijar en lo sucesivo la fecha de los comicios autonómicos en el último domingo de mayo cada cuatro años.

Con esa anticipación a mayo -y debido a que los Parlamentos teóricamente deben ser disueltos con 30 días de antelación a las elecciones- se recortaría en unos dos meses el mandato otorgado para cuatro años.

Reunión en Ferraz

Este problema ya fue abordado el pasado mes de octubre en una reunión de dirigentes regionales socialistas celebrada en la sede central de la calle de Ferraz, según han informado ahora personas que tuvieron conocimiento de ella. Concretamente, los representantes de la Comunidad Valenciana plantearon que la convocatoria para el 26 de mayo implicaba una disolución anticipada, y sugirieron que, por tanto, se reformara también su estatuto en este punto, para dar al presidente regional la posibilidad de disolver el Parlamento.Javier Soto, jurista, que fue director general de Administración Local con UCD, recuerda que cuando él ocupaba ese cargo ya se planteó alguna vez esta cuestión y se desecharon esas fórmulas por entenderlas muy problemáticas desde el punto de vista legal. "No se puede acortar el mandato de un concejal, que es de cuatro años según la Constitución, ni tampoco el de un diputado autonómico que obtuvo el escaño con la garantía estatutaria de ocuparlo durante cuatro años", opina Soto.

El asesor jurídico de un ministro del área política señaló, consultado al respecto por este diario: "Es un bonito tema para un brillante dictamen". Y prefirió no entrar en más consideraciones.

Francisco Ruiz Risueño, abogado del Estado, que fue director general de Cooperación Autonómica en la época de UCD, cuestiona también la fecha del 26 de mayo, y, tras analizar el problema, opinó que es muy arriesgado convocar unas elecciones que después pueden ser declaradas inconstitucionales, con lo que ello acarrearía de ingentes gastos inútiles.

Ruiz Risueño señaló también que sería mejor introducir para el siguiente mandato las reformas previstas, y no acortar éste. Finalmente, declaró que lo más apropiado en este momentos es elevar una consulta al Consejo de Estado.

Javier Lasarte, letrado de las Cortes, publicó hace unos meses en la Revista de las Cortes Generales un artículo que se refería a un supuesto similar planteado con motivo de las elecciones andaluzas del pasado junio y concluía que el convivir un Parlamento y una campaña electoral "incumple las reglas sustanciales del contexto democrático".