La lucha por el poder económico pone en peligro la negociación entre PNV y PSOE

La ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco (PNV) estudió ayer por segunda vez en cuatro días la continuidad o la ruptura de las negociaciones para prolongar la coalición de gobierno con el Partido, Socialista de Euskadi (PSE-PSOE). Ambas formaciones están en periodo de reflexión y a punto de agotar el primer mes de conversaciones sin avances significativos. Las mismas cuestiones iniciales en torno a algunas áreas de poder económico siguen siendo irrenunciables para unos e innegociables para los otros.

La decisión final sobre la continuidad del intento con los socialistas será trasladada probablemente a una asamblea nacional del PNV, según adelantó ayer Juan Ramón Guevara, uno de los hombres fuertes de la comisión negociadora nacionalista, al entrar en la ejecutiva en Bilbao. Guevara admitió que la situación es de total bloqueo, no hay ningún contacto concertado entre ambos partidos y "el tiempo apremia". La semana próxima, deberá quedar constituida la mesa del Parlamento vasco y el presidente deberá ser del partido más votado, el PNV, según Guevara, si no media un acuerdo previo.El telón de fondo no ha variado desde que sendas delegaciones, encabezadas por Txiki Benegas y Xabier Arzalluz, se encontraran el 13 de noviembre. Para el PNV, una negativa socialista a todos sus planteamientos equivaldría a afirmar que el Estatuto de autonomía ya está completado. "Y si eso es así", afirma Juan Ramón Guevara, "tendremos que reconocer un alejamiento tal entre nuestras posiciones y las suyas que sería imposible gobernar juntos". Los socialistas han aprovechado las últimas jornadas para advertir que pasarán a la oposición si el PNV no renuncia a exigencias como la transferencia de la Seguridad Social. "El objeto de la negociación es acordar un programa para la gestión del País Vasco durante cuatro años, no para romper techos autonómicos", afirma uno de sus representantes en la mesa.

Tres cuestiones dividen a ambos partidos, relacionadas con el poder económico y las interpretaciones del Estatuto de Gernika: la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, la creación de un banco central vasco y la participación del Gobierno autónomo en las decisiones de las empresas públicas radicadas en su territorio.

El PNV reclama una Administración vasca para recaudar cuotas y distribuir pensiones y prestaciones, una Seguridad Social autónoma paralela al sistema de haciendas forales separada de la del Estado. Igual que estas haciendas contribuyen a los gastos del Estado con un cupo anual, el PNV acepta la necesidad de negociar los flujos financieros en una u otra dirección.

El PSE cree que la ruptura del principio de "caja única" en todo el Estado equivaldría a renunciar a una conquista de los trabajadores. En 1986, la UGT vasca se movilizó para requerir públicamente al partido hermano que no cediera en esta cuestión. En cambio, el sindicato ampliamente mayoritario en Euskadi, ELASTV, de corte nacionalista, sostiene la tesis contraria y reclama con insistencia la transferencia de la Seguridad Social.

El banco central vasco es otro motivo de discordia. El PNV ha escogido una terminología equívoca, aparentemente motivada por un guiño a sus bases más nacionalistas. Lo que quieren conseguir Arzalluz y José Antonio Ardanza no es un banco ni tendría las características comúnmente atribuidas a una institución monetaria central. Se trata de un ente público con capacidad para recibir los coeficientes obligatorios de las cajas y cooperativas de crédito vascas (unos 15.000 millones) y manejarlos en los mercados para conseguir rendimientos. No es una gran cantidad, pero el PSE considera innegociable la cuestión.

El último gran obstáculo, la participación del Ejecutivo de Vitoria en las empresas públicas estatales ubicadas en la comunidad autónoma, es una novedad.

Los nacionalistas han observado con desconfianza el desembarco de hombres del PSOE en grandes empresas con capacidad para condicionar el futuro económico de Euskadi. Es el caso de Enrique Antolín, traspasado directamente de la Consejería de Transportes a la presidencia de Altos Hornos de Vizcaya.

"La gestión de estas empresas exige unidad para ser viable", afirma el PSE. "Si no, se puede caer en tales enfrentamientos de intereses que acaben en parálisis".