El Gobierno envía al Parlamento el anteproyecto de ley del CES

El Consejo de Ministros aprobó ayer enviar al Parlamento el proyecto de ley por el que se crea el Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo en los temas socioeconómicos y laborales que afecten a la política industrial, vivienda, transporte, fiscal, medio ambiente, etcétera. Sus informes no tendrán carácter vinculante para el Gobierno y, dada la duración del trámite parlamentario, no se podrá constituir antes del mes de mayo.

El CES estará formado por 61 miembros, incluido el presidente, que representarán a los sindicatos mayoritarios, la patronal, los consumidores, cooperativas, agricultores y pescadores, así como seis expertos en relaciones laborales. Sus mandatos durarán cuatro años, renovables por periodos de igual duración. Este órgano recoge el mandato de la Constitución dirigido a los poderes públicos, de promover y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida económica y social.Su función principal es emitir dictámenes, preceptivos y no vinculantes, sobre los anteproyectos de leyes y decretos legislativos que regulen materias socioeconómicas y laborales y sobre proyectos de reales decretos que, a juicio del Gobierno, tengan especial trascendencia en la regulación de estas materias. El anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado no entra dentro de las materias a consultar por el CES. Para Rosa Conda, ministra Portavoz del Gobierno, el CES "no tiene que ver nada con el pacto de progreso" y señaló que dentro de el mismo "no se va a realizar el proceso de concertación".

UGT está "básicamente de acuerdo con el proyecto de ley" excepto en la nominación de seis expertos en relaciones laborales y la "redacción desafortunada" de declarar al CES un organismo "adscrito al Ministerio de Trabajo". UGT no ha pensado en nadie para presidente pero piensa que tiene que ser alguien "que conozca el funcionamiento de otros Consejos similares comunitarios". Este cargo será nombrado por el Gobierno y tiene que ser apoyado por dos tercios de los miembros d el CES.

Comisiones Obreras tiene "serias dudas sobre la operatividad de un CES devaluado y limitado". Para CC OO, "el papel, la composición y sus características básicas siguen sin ser las contempladas en el artículo 131 de la Constitución". Este sindicato recuerda que la Carta Magna recogía un espíritu más "progresista" para este órgano. Un espíritu que, en su opinión, no se recoge en este proyecto de ley.

CC OO reitera "su disconformidad" con el modelo aprobado "devaluado en su composición y funciones, y alejado del tipo de Consejo que necesita nuestro país, para contribuir a dar una orientación progresista a la política económica del Gobierno. Para solucionar las "deficiencias" que, a su juicio, tiene este modelo, CC OO se entrevistará con todos los grupos parlamentarios para 'hacerles llegar sus propuestas de enmiendas al proyecto.

Para la CEOE la formulación aprobada "no es la adecuada" y cree que la estructura idónea "por ser la más ágil, hubiera sido la tripartita que es la que refleja el modelo de la OIT y que ya funcionan en el Consejo del Instituto de la Seguridad Social o el del Inem". Sin embargo, la patronal considera que "las opiniones que emita el CES" pueden ayudar a establecer "en nuestro país una legislación acorde con la existente en el Mercado único".