Negociaciones para permitir la entrega voluntaria de los 'capos' colombianos
ENVIADO ESPECIALEl Gobierno colombiano da estos días los últimos pasos de una negociación que podría permitir la entrega voluntaria de la mayoría de los jefes del narcotráfico a las autoridades judiciales. Esa medida, que marcaría un cambio sustancial en el problema mundial del tráfico de drogas, se ve favorecida por el nuevo esfuerzo de paz que realiza Colombia en el marco de las elecciones constituyentes del próximo domingo.
Desde que asumió el poder en agosto pasado, el presidente César Gaviria puso un marcha una nueva política de narcotráfico en la que se combinó la efectiva presión policial con una oferta de dar un tratamiento judicial específico y flexible a los miembros de los carteles si aceptaban abandonar sus actividades delictivas y atenerse a la ley colombiana.
Esa política ha conseguido avances considerables en los tres últimos meses y está a punto de permitir que algunos de los más famosos apellidos del cartel de Medellín se pongan en manos de los jueces, según esperan observadores políticos y medios periodísticos de este país. Está lista incluso una cárcel especial de máxima seguridad para albergarles.
En estos tres meses, representantes del grupo de los extraditables y la llamada comisión de notables -integrada por dos ex presidentes, un miembro del M-19 y un cardenal católico- intercambiaron ideas sobre las condiciones legales en las que los narcotraficantes estarían dispuestos a entregarse a la justicia.
No habrá extradición
El Gobierno, por su parte, promulgó el decreto 2.047 que elimina la extradición a Estados Unidos y promete una reducción del 30% de la pena para quien se entregue voluntariamente.El paso que hizo concebir esperanzas definitivas lo dio ayer el ministro de Justicia, Jaime Giraldo, quien anunció que el Gobierno aceptaría las sugerencias de los extraditables por considerarlas "razonables".
"Son propuestas que parten del respeto a la justicia colombiana", dijo el ministro.
El ministro informó que serían incluidas en el decreto 2.047 las principales demandas de los narcotraficantes, esto es: que no se permitirá la acumulación de delitos, sino que se les juzgará por un solo delito a cada uno, que serán concentrados todos en una sola cárcel especial, que no se les exigirá declararse culpables sino que se les someterá a juicio y serán puestos en libertad si no se les prueban las acusaciones, y, por último, que no se les obligará a delatarse entre sí.
Con todas estas condiciones, el Gobierno acepta de hecho la petición de los extraditables de que el narcotráfico sea tratado, si no como delito político, sí, al menos, como un delito colectivo de carácter muy especial.
