Una vía iniciada en 1981

Una entrevista celebrada en 1981 entre el ministro de Interior centrista Juan José Rosón, y el dirigente de Euskadiko Ezkerra Mario Onaindía abrió el camino a la reinserción de etarras. A cambio de la autodisolución de ETA político-militar VII Asamblea, hecha pública en octubre de 1982, el Gobierno se comprometió a dar una salida individual a los componentes de esta fracción de la organización terrorista. A fines de 1984, se calculaba en 150 los antiguos activistas de ETA encarcelados en prisiones españolas y residentes en Francia que habían legalizado su situación ante la justicia española.La segunda gran operación de reinserción social se llevó a cabo en enero de 1984 en colaboración con los Ministerios de Justicia e Interior y del Defensor del Pueblo, cuyos titulares eran Fernando Ledesma y Joaquín Ruiz-Giménez. Otra treintena de etarras logró legalizar su situación a raíz de esta nueva iniciativa.

Posteriormente, el actual diputado de Eusko Alkartasuna Joseba Azkárraga se significó como un destacado promotor de la reinserción invidual de etarras, vía en la que recientemente colaboran miembros del Partido Nacionalistas Vasco (PNV). La reinserción sufrió un serio mazazo cuando ETA Militar asesinó en 1986 a la ex dirigente etarra María Dolores González Catarain tras acogerse a ella y regresar al País Vasco. La dirección general de Instituciones Penitenciarias, con el fin de agilizar la reinserción, desmanteló en 1989 las comunas de presos de ETA al dispersarlos en todas las prisiones españolas, excepto las catalanas. Esto, al dificultar la presión de la organización terrorista sobre el recluso, facilitó un goteo de concesiones de grados penitenciarios más favorables para los presos, con los consiguientes permisos de salida, e incluso indultos, en ocasiones ocultados para evitar represalias.